«No he pensado en renunciar ni pienso hacerlo», aseguró la presidenta en un encuentro con corresponsales extranjeros.
«Puede que haya corrupción en Chile, pero no es generalizada. No todo el mundo es corrupto en nuestro país», recalcó la jefa de Estado, quien lamentó que en Chile se esté instalando «una suerte de cultura de la desconfianza» que propugna que no hay nadie que no sea corrupto.
Para Bachelet, el hecho de que la fiscalía esté investigando a familiares de la presidenta de la República o que haya empresarios que están en prisión preventiva por su presunta participación en casos de corrupción demuestra que el Gobierno no está intentando ocultar nada.
La presidenta, cuya popularidad ha caído abruptamente en las últimas semanas, dijo que más allá de la creencia de una parte de la opinión pública que considera que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, «lo que está pasando en Chile demuestra lo contrario».
Michelle Bachelet se refería así a casos en los que se entremezcla la política y los negocios y en los que se han visto implicados empresarios como los dueños del grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín o el propio hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon.
Sobre la situación que afecta a su familia, la presidenta dijo que prefiere no pronunciarse hasta que termine la investigación que lleva a cabo la fiscalía.
Pero enfatizó que ella nada tuvo que ver con una reunión sostenida por Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon con el empresario Andrónico Luksic, vicepresidente del Banco de Chile, en 2013.
Ese encuentro sirvió para pactar la entrega de un préstamo millonario a la empresa Caval, de la que Compagnon es socia en un 50 %, con el fin de comprar unos terrenos en la región de O’Higgins que la firma vendió unos meses después a un precio muy superior.
«Yo no he tenido ninguna vinculación con nada de eso, ni con la reunión ni con el negocio, nada».
Al igual que días atrás hizo el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, Bachelet pidió evitar una «caza de brujas» y dejar que sean las instituciones las que esclarezcan los hechos.
«El Gobierno tiene que hacer su trabajo y los otros poderes del Estado el suyo. Cualquier cosa que yo diga públicamente puede ser interpretada como que estoy tratando de influir en la decisión final», agregó.
Sobre la repercusión de los escándalos político-financieros en la imagen exterior, Bachelet dijo que «Chile no es un país perfecto».
«Ésta es una situación difícil, compleja, pero vamos a aprovecharla para avanzar hacia una democracia más fortalecida», aseguró.
Entre las medidas que el Ejecutivo pondrá en marcha para separar la política de los negocios, la presidenta se refirió a la prohibición absoluta de que las empresas donen dinero a partidos o candidatos y al aumento del presupuesto público para financiar la actividad política.
Bachelet rechazó también que el Gobierno esté paralizado por los escándalos de corrupción.
«Para nada», aseguró. El Gobierno seguirá trabajando para cumplir con el programa y las metas que se propuso, entre ellas la gratuidad de la enseñanza superior a partir de 2016, la reforma laboral, la despenalización parcial del aborto y, más adelante, una nueva Constitución.
«Nadie está parado. Estamos trabajando en todo, desde la salud, la educación o la generación de empleo, hasta los desastres naturales, como los incendios, la erupción del volcán (Villarica) o la tragedia del norte», enfatizó.
«Lo que ha pasado -precisó- es que hay un serie de reformas relacionadas con la probidad y la transparencia que han tomado más importancia de la que habíamos previsto», explicó la mandataria.
Semanas atrás, a raíz de los escándalos políticos, la jefa de Estado creó un consejo asesor que en dos semanas le entregará recomendaciones para sanear la relación entre la política y los negocios.
En el encuentro con los corresponsales, la mandataria también se refirió a la catástrofe causada por los aluviones e inundaciones en el norte de Chile hace dos semanas, que han ocasionado 26 muertos, 137 desaparecidos y cerca de 30.000 damnificados, según el balance provisional.
El costo global para hacer frente a la emergencia, la transición y la reconstrucción asciende a 1.500 millones de dólares, bastante por encima de los 1.200 millones destinados a enfrentar el terremoto en Iquique y el incendio en Valparaíso en 2014.
