Claro, la transnacional de las telecomunicaciones, ha quitado la cartera de seguro de sus 7,000 empleados en el país a la ARS-Humano, como lo había hecho años antes la Universidad Autónoma de Santo Domingo con sus miles de empleados y profesores. Lo propio ha hecho la importante Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con sus cerca 3,000 de servidores afiliados a ARS-Universal.
Estaríamos hablando de una movilidad escandalosa de 40 ó 45 mil personas que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) ha colado, sin embargo, inexplicablemente, por debajo de la mesa como algo normal, rutinario.
Y esa displicencia irresponsable constituye una “puñalada hasta donde le dicen Cirillo” a la sociedad dominicana, la cual tiene el derecho humano a recibir información veraz y oportuna para adoptar sus decisiones, sobre todo en temas atinentes a la seguridad de su salud y sus bolsillos.
No es normal, ni rutinario, ni de escaso o ningún interés para quienes habitamos este pedazo de isla caribeña, que dos de las principales administradoras de riesgos salud privadas sufran traumas de esa magnitud y que las autoridades, puestas ahí –se supone– para defender al usuario o a la usuaria en primer término, se hagan las “tarúpidas” desviando la atención de la opinión pública hacia otros escenarios fragilizados por ellas mismas, por comisión u omisión, como es el caso de la guerrita abierta al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Porque no creo que empresas como Claro y Pucamaima, muy conscientes del valor de la identidad corporativa para los fines de imagen mental en sus públicos, hayan jugado a cambiar los seguros de sus empleados por otros de peor calidad. Algo movió decisiones de tal envergadura y no fue tal vez la “inconmensurable” capacidad persuasiva de algún corredor o vendedor, ni la búsqueda de comisiones por parte de ejecutivos.
Y si eso pasa en las “prestigiosas” ARS en cuestión, qué no sucedería con la plaga de empresas comercializadoras de salud que puebla el territorio nacional.
Ante tan sospechosos indicadores, el señor Fernando Caamaño, propuesto por Palacio para dirigir el consejo de la Superintedencia de Salud y Riesgos Laborales, ha optado por lanzar una “bola de humo” con los déficit del estatal Senasa, provocado por una trama del mismo organismo que él dirige y por el tipo de asegurados que le han echado encima: los más pobres y los de más alta siniestralidad.
Se me hace muy difícil pensar en otra cosa que no sea una conspiración avalada por el mismísimo representante del Gobierno en el organismo rector de las ARS, y a quien se le atribuye vinculación con la privada ARS-Humano. Una conspiración que debe ser enfrentada por todos los sectores de la sociedad consciente, en tanto Senasa no solo es el mejor seguro médico del mercado, sino que cumple una función vital en esta sociedad vergonzosamente desigual: darle valor a los pobres y retornarles la esperanza.
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