SANTO DOMINGO, República Dominica.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), dijo este lunes que cada sentencia de las 14 evacuadas por el Tribunal Constitucional le cuesta al país cuatro punto cuatro millones de pesos, el costo fue obtenido de un análisis comparativo realizado por la entidad que lucha contra la corrupción y la institucionalidad del país.
Mediante la información recopilada por la institución, a partir de la asignación establecida en el presupuesto del 2012 de 150 millones de pesos, que dividido en 12 meses a 12.5 millones, ejecutado de enero a mayo la suma de 62.5 millones, distribuidos en la actividad laboral del Tribunal Constitucional, cuyo resultado se verifica en 14 sentencias, que al dividirse da como resultado 4. 4 millones por cada una.
Para el análisis ADOCCO, tomo las estadísticas de la Sala Constitucional de Costa Rica, de enero al 30 de marzo del 2012 lleva 4,209 decisiones constitucionales, que tomando la frecuencia del primer trimestre, en los meses de abril y mayo estimamos que deberá sobrepasar las dos mil sentencias, ya que en el 2011 este tribunal finalizó con la astronómica cifra de 16,282 sentencias que versan sobre amparo y recursos de inconstitucionalidad, otro ejemplo a tomar fue El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia que dictó 526 sentencias, sobre inconstitucionalidad y amparo y la Corte Constitucional de Colombia del 18 de enero al 16 de mayo del 2012 ha producido 371 sentencia en materia constitucional.
Para Julio Cesar De la Rosa Tiburcio, Coordinador General de ADOCCO, lo vergonzante para este mal engendro del Tribunal Constitucional, es el hecho de que la Suprema Corte de Justicia le hizo entrega de 309 expedientes, introducido por la vía directa y que a la fecha solo hayan producido 14 decisiones, porque mal se le podría llamar sentencias, ya que de esas, 6 versan sobre el Control Preventivo de Constitucionalidad, que podría ser tarea de cualquier imberbe abogado curioso del Derecho Constitucional; 5 sentencias declarando la inadmisibilidad de las acciones; 2 acogiendo parcialmente el recurso y una sola sentencia a favor de una amparista conviviente notoria de un ex miembro de las Fuerza Armadas.
La denominada Alta Corte guardiana de la constitucionalidad no ha fallado, hasta el momento, ningún recurso de inconstitucionalidad de importancia de los 309 que heredó de la Suprema Corte de Justicia y de los nuevos sometidos y acomodaticiamente, se ha limitado a tomar decisiones que aunque merecen la atención y la importancia por el principio de igualdad que debe prevalecer en un estado de derecho, a esta altura ha debido trabajar al nivel de los recursos que han recibidos y han consumidos.
“Constituye un absurdo que el Tribunal Constitucional, no haya tenido la nobleza de decidir sobre recursos a nuestro juicio de importancia como el sometido por Julio Aníbal Suárez Dubernay contra el acta del Consejo Nacional de la Magistratura que lo destituyó como juez de la Suprema Corte de Justicia el elevado por ciudadano y miembro de Ciudadanos Contra la Corrupción Alejandro Alberto Paulino Vallejo contra el Presupuesto Nacional de Ingresos y Gastos Públicos del 2011”.
Asimismo, “los promovidos por el ex banquero Ramón Báez Figueroa y el Banco Intercontinental contra una resolución de la Junta Monetaria, del año 2003, así como los recursos de los ex banqueros Manuel Arturo Pellerano, Juan Felipe Mendoza y compartes, en contra del artículo 303 párrafo último de la ley 76-02 del Código Procesal Penal y uno contra los artículos 422 y 426 del Código Penal Dominicano, y otro contra la ley sobre el recurso de amparo”. Dijo el vocero de la entidad”.
