Tribunal ratifica prisión preventiva a Santiago Hazím y otros seis imputados del caso SeNaSa
La resolución del tribunal busca garantizar el avance del caso SeNaSa sin riesgos de fuga o interferencia.
Actualizado: 05 de Febrero, 2026, 09:02 AM
Publicado: 05 de Febrero, 2026, 08:41 AM
Santiago Hazím y seis imputados mantienen prisión preventiva caso SeNaSa tras decisión del tribunal competente.
Santo Domingo.– La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros seis imputados vinculados a un presunto entramado de corrupción administrativa que operó dentro de esa institución.
Junto a Hazim, continuarán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, luego de que el tribunal rechazara los recursos presentados por las defensas al considerar que no aportaron argumentos suficientes para variar la medida de coerción.
El tribunal, presidido por la jueza Ysis Muñiz Almonte e integrado por los magistrados Teófilo Andújar y Omar Jiménez, también mantuvo el arresto domiciliario contra Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, al rechazar la solicitud del querellante Miguel Surun Hernández, quien pedía prisión preventiva para estos imputados.
Implicaciones y delitos atribuidos a los imputados
Durante la audiencia, los abogados de los acusados privados de libertad calificaron la medida como desproporcionada. No obstante, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que las apelaciones carecían de sustento jurídico y que el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos justifican la prisión preventiva.
Según el Ministerio Público, la presunta estructura delictiva operó entre los años 2020 y 2025, ocasionando un perjuicio económico al Estado dominicano que supera los 15,000 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
