El año escolar en las escuelas públicas donde aún no se ha iniciado la docencia por quejas de filiales de la ADP tiene que ser garantizado para que la legión de estudiantes de escasos recursos que acude a esos centros no pierda clases y aproveche a plenitud la docencia y los programas de escolaridad, ahora con la modalidad de la tanda extendida.
A medida que una comisión conjunta de Ministerio de Educación y la propia Asociación Dominicana de Profesores (ADP) avanzan en el cotejo de maestros que todavía permanecían bloquearon en la nómina, no hay justificación alguna para la paralización forzosa de la docencia.
Las perspectivas de una solución satisfactoria al impasse surgido a raíz de la auditoría practicada a la nómina de los maestros tomaron este viernes un giro favorable cuando el gremio magisterial anunció que el 90 por ciento de los casos ya había sido desbloqueado, lo que permitirá el cobro de salarios retenidos.
Como antecedente, en algunas zonas del país profesores habían incumplido con el llamado a participar en unos talleres organizativos previos a la reanudación de la enseñanza en los planteles públicos, una tarea que se consideraba útil e indispensable para que el nuevo año escolar comenzara con buen pie.
Si algún elemento de análisis puede extraerse de lo acontecido, es que la auditoría realizada por Educación puso de manifiesto una práctica a todas luces anómala que debería merecer la más absoluta condena, en lugar de quejas y justificaciones: el cobro que realizaban los llamados profesores “botellas” sin realizar labores docentes.
Educación ha cumplido con su obligación de transparentar la nómina de maestros, bloqueando las cuentas a quienes se ha detectado que cobraban sin trabajar y por esa acción debería recibir apoyo por enfrentar una práctica ilegal e inmoral.
Lo lamentable es que no haya sido detectada con anterioridad, probablemente porque se arrastra de la gestión que le precedió, pero en algún momento las cosas tenían que ser puestas en orden, porque las anomalías administrativas causan trastornos a todo el sistema educativo..
Si una revisión posterior y más detallada de la nómina arroja algunos errores, o sea la exclusión de profesores verdaderos que sí trabajan, es claro que corresponde hacer las rectificaciones de lugar y en esos casos a Educación corresponde hacer las rectificaciones de lugar y ya ha comenzado a dar demostraciones en ese sentido, según admite la propia ADP.
Pero aquellos aprovechados o avivatos que recibían salarios sin dar un golpe, conscientes de que se apropiaban indebidamente de esos recursos, tienen que recibir una sanción mayor que la simple exclusión de nómina. Deberían responder penalmente por prestarse a tan deleznable comportamiento y además se les debería exigir la devolución completa de los montos retenidos en usufructo.
La Cámara de Cuentas y otras unidades fiscalizadoras deberían aprovechar este caso para depurar nóminas con un cotejo exhaustivo en otras dependencias, como sugiere la Fundación Institucionalidad y Justicia y otras entidades de la sociedad civil preocupadas porque en el país se aplique con energía y de forma permanente, un proceso amplio de depuración y adecentamiento en todo lo relacionado al manejo de recursos en las organizaciones estatales.
