Lisboa.- Armando Pereira, cofundador de la empresa de telecomunicaciones Altice, permanecerá detenido en Lisboa al menos hasta el lunes, hasta que sean anunciadas las medidas preventivas por una investigación por sospechas de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Su abogado, Pedro Marinho Falcão, informó este sábado a periodistas, a su entrada en el Tribunal Central de Instrucción Criminal, en la capital lusa, que Pereira «permanecerá detenido hasta que sean leídas las medidas de coacción, (que) probablemente serán anunciadas el lunes o el martes».
La defensa todavía no ha decidido, añadió Marinho, si Pereira, detenido el jueves junto a otras dos personas, va a prestar declaraciones en interrogatorio en el marco de la sospecha de actividad ilícita en Portugal, que, según la Fiscalía lusa, puede superar los 100 millones de euros (unos 112,32 millones de dólares al cambio actual).
«Sabemos que los trabajos hoy terminan a las 5 de la tarde (hora local), que el domingo no habrá ninguna diligencia y que los trabajos serán retomados el lunes», añadió el abogado.
Explicó que los tres detenidos han sido identificados ante el juez, que ha sido establecido el plazo para la consulta del proceso y «entregados los hechos».
«Es una decisión que la defensa tomará después de analizar el caso y consultar con nuestros clientes. Por eso, probablemente, después del almuerzo ya sabremos si vamos a hacer declaraciones», precisó.
La detención del portugués Pereira se produce después de que las autoridades portuguesas realizasen 90 registros en domicilios y en la sede de Portugal en Lisboa, entre otros edificios.
La empresa confirmó los registros a EFE en una respuesta por escrito, en la que señaló que se llevaron a cabo por un «mandato del Ministerio Público en el ámbito del proceso de investigación en curso».
También se lesionaron los intereses del Estado, con «prácticas de deslocalización ficticia de la domiciliación fiscal de personas y sociedades», para aprovechar la tasa reducida del impuesto de sociedades que existe en la Zona Franca de Madeira.
Estos hechos podrían constituir delitos de fraude fiscal cualificado, refiere la Fiscalía, que estima que la ventaja ilícita alcanzada por los sospechosos a nivel tributario es superior a los 100 millones de euros.
También se investigan delitos de blanqueo y falsificación.
Altice, con sede en Países Bajos, está en el mercado portugués desde que compró en 2015 Portugal Telecom y opera en el país bajo la marca MEO.
