SANTO DOMINGO.- Con 170 personas muertes en alegados intercambios de disparos el 2022 se convirtió en uno de los años donde más decesos de jóvenes hubo por esa práctica, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD), acaparando así los titulares de diversos medios de comunicación del país donde esa frase era el común denominador en los titulares.
En el 5 % de los casos, las víctimas no tenían ninguna acusación policial y al 1 % le dispararon por no detenerse.
Solo entre octubre y noviembre del 2022 al menos 25 personas murieron en los llamados intercambios de disparos, dice en el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD), titulado ¨Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana 2022¨.
El documento indica que, detrás de esas muertes “se esconden casos de abuso, errores, búsqueda de ascensos y una cuestionada política de mano dura contra la delincuencia que tiene entre sus principales blancos a jóvenes de los estratos sociales pobres”.
Esos jóvenes, definidos como «peligrosos delincuentes» por las autoridades, rondan edades entre los 18 y 35 años de edad y le atribuyen crímenes como muertes, asaltos a mano armada y formación de bandas que mantienen en zozobra a diversos sectores del país.
Según expresa el presidente de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes, esa practica ha cobrado más vidas en ocho localidades: el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago, La Vega y Bonao, aunque no estableció la cantidad de ciudadanos muertos por intercambios de disparos en esas zonas.
Asimismo destaca que “han sido emitidos memorandos disciplinarios a más de seis mil miembros de la institución del orden por haber incurrido en uso excesivo de la fuerza, faltas graves y por desarrollar actuaciones que violaron el protocolo policial entre mediados de agosto de 2020 a abril del 2022”.
Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD)
Debilidad en la institución
Ante esas alegadas ejecuciones, la comisión atribuye a los uniformados la falta de preparación, técnicas y herramientas para adecuar su reacción de forma proporcional a los sucesos y escasa capacidad para reducir en la mayor medida posible el uso de armas letales, por lo que los representantes de los derechos humanos en el país apelan a que esas características sean trabajadas desde la institución con programas que eduquen a sus integrantes.
El tiroteo que «sacudió» al municipio Los Alcarrizos y dejó seis muertos
El pasado miércoles 14 de diciembre un fuerte tiroteo sacudió al municipio de Los Alcarrizos ¿la noticia? Seis supuestos delincuentes habían caído abatidos “en un intercambio de disparos”.
La Policía identificó a los fallecidos como Eric Ramón Pérez Germán (a) El Mello y/o La Braza, de 28 años; Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreras (a) Jeffrey Trenzas, de unos 36 a 40; Adrián Antonio Rodríguez Torres, de 30 años; Steven Betances Lachapel, de 26, y Jonathan Tatis Jiménez, apodado Milesy La Pólvora, de 30 a 35, a cuyo grupo se le atribuyó ser parte de una “peligrosa banda” denominada “Los Papo Trenzas” o «Los 30-30».
Ese grupo cargaba en sus hombros la muerte del segundo teniente Juan José Abreu en fecha 4 de septiembre del 2022 en el sector Pueblo Nuevo de ese mismo municipio, en medio de un asalto. Además, se le culpó de cometer actos de tortura y barbarie, drogas, secuestros y mantener bajo el temor a residentes de esa localidad.
Defensa de los familiares
Mientras la Policía se aferró a su versión de que los jóvenes pertenecían a la referida banda, familiares de algunos de los muertos salieron en su defensa alegando que eran “personas de bien” y que, al momento del tiroteo, los fallecidos estaban sentados en la calle 14 del sector Las Mercedes donde los uniformados llegaron y “le emprendieron a tiros sin mediar palabras”.
Aunque la institución del orden identificó a Betances Lachapel como un cabo «inactivo» de la Policía Nacional, su madre, Jessenia Lachapel, negó esas declaraciones y dijo que hasta el momento de su muerte su vástago servía a la entidad.
De su lado, Tatis Jiménez, según sus familiares, laboraba en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y al momento de la balacera había llegado de trabajar, se encontraba junto con el grupo y nunca formó parte de ninguna banda delictiva.
Para el presidente de la CNDH-RD con esos hechos «la Policía lo que hace es violentar la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano. Es decir, que una persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario».
De acuerdo con la comisión, en la mayoría de los casos han podido comprobar la existencia de una relación con la Policía por pago de peaje por parte de los jóvenes, «y cuando estos se niegan terminan perjudicados». Además, también atribuyen las alegadas ejecuciones como una forma de borrar evidencias de esas relaciones.
Daniel Antonio Rodríguez (El Químico)
Al menos 17 impactos de bala fueron las huellas que quedaron en la residencia de Daniel Antonio Rodríguez Céspedes (El Químico), tras un tiroteo con miembros de la Policía que le costó la vida en su casa en el sector Los Rieles de Gurabo en Santiago el pasado mes de diciembre, cuando los miembros del orden arribaron cerca de las cinco de la mañana del pasado 15 de diciembre del 2022 y rompieron la puerta, cuya acción hizo que el joven reaccionara a disparos contra los agentes al pensar que se trataba de ladrones.
De esta manera lo alegan sus familiares, quienes ahora solo recuerdan que Rodríguez era un comerciante, ingeniero industrial de profesión, casado y con dos hijos que dejó en la orfandad.
No obstante, la versión policial está muy divorciada de ese primer planteamiento. Según las autoridades, realizaron un allanamiento (con orden judicial) en busca de Rodríguez ya que estaba acusado de haberle disparado a un «señor no identificado en medio de una discusión por un roce vehicular de fecha 16 de noviembre del 2022″. Sin embargo, hasta ahora la familia no está conforme con ese reporte y aún espera que se esclarezca el caso.
Reforma policial
Esos hechos sangrientos se dieron en medio de una reforma policial que se trabaja en el gobierno desde el año 2021, en pro de crear una policía que respete los derechos de los ciudadanos como medida para darle paso a una mejor versión de esa institución.
José Pepe del Castillo, comisionado ejecutivo de la reforma, planteó que ese proceso está enfocado en cuatro pilares: Gestión y estructura orgánica, sistemas de operaciones, agenda social de dignificación de la estructura humana y la reforma educativa.
En la última presentación de los avances de esa resolución, efectuado el primero de noviembre del 2022 y el cual estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, se destacó el plan de formación para la reforma educativa de los miembros de la Policía y todas sus estructuras.
En su busca de evitar sucesos lamentables que señalen de manera directa a los miembros del orden, el gobierno también ha optado por agregar cámaras fijas externas e internas en las unidades policiales. No obstante, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aún con esas medidas la población sigue escéptica para confiar en esas autoridades.
El documento sobre dichos avances también destaca, en el área de investigación, la creación de un call center para el seguimiento y atención al ciudadano sobre los casos a los que den seguimiento.
