REDACCIÓN.– Gran inquietud han generado las demoliciones y cambios estructurales que se realizan en la icónica Casa Roselló, en Constanza, conocida en el municipio de la Vega por su historia asociada al auge de la agricultura en la región.
Esto ha originado un conflicto entre los hijos del fundador de la vivienda, que piden que sea declarada como patrimonio cultural y agrícola, y quienes aseguran ser los actuales propietarios.
Tras indicar que con la Casa Roselló inició el cultivo de fresas, ajo, apio repollo y demás alimentos que se cosechan en Constanza, la familia Roselló clama a las autoridades detener la demolición que inició este sábado y convertir el lugar en museo para que las nuevas generaciones conozcan el origen de la agricultura de la zona.
Tras recordar cómo crecieron en la residencia que ya tiene una parte destruida, indicaron que José Roselló, quien la construyó hace ya muchos años, dijeron que la vivienda fue puesta como garantía de los préstamos para los proyectos agrícolas , pero que el compromiso financiero fue honrado.
Al mostrar los recibos del pago de cuotas y saldo total de deudas, consideran que debe verificarse la validez del título de propiedad que ha mostrado el señor Jesús Núñez, quien alega ser el actual dueño.
De su lado, el alcalde de Constanza, en un rol de mediador, indicó que en varias ocasiones intentó conversar con las partes para llegar a un acuerdo, y que logró incluso retrasar la firma del permiso para la demolición de la histórica casa.
Noticias SIN contactó a quien ahora cuenta con los títulos de propiedad de la casa para hablar sobre el conflicto, pero indicó que no sería hasta la mañana del lunes cuando podía referirse al tema.
La familia Roselló indicó que en el 2019 le fueron embargadas todas sus propiedades por lo que piden a las autoridades investigar y darle seguimiento al expediente que depositaron ante la procuraduría general de la República en diciembre del año pasado, al sostener que el proceso se ejecutó de manera ilegal.
Ocultar texto citado
La familia Roselló espera que el gobierno central y el Ministerio Público intervengan cuanto antes en lo que calificaron como un atropello no sólo para la familia, sino para el patrimonio cultural y agrícola de la demarcación.