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Continúa el desfile de dirigentes PLD por el Palacio de Justicia visitando a imputados

Entre los que acudió a esta sede judicial se encuentra el senador peledeista Iván Lorenzo, quien al intentar visitar a sus compañeros de partido señaló que le están impidiendo la entrada para familiares y amigos de los encartados en la Operación Calamar y aseguró que estos corren peligro.

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SANTO DOMINGO.- En espera de que el domingo 26 de marzo comiencen la audiencia de medidas de coerción, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y los otros 17 detenidos mediante la Operación Calamar continúan recibiendo la visita de sus  abogados en la “carcelita” del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para discutir sus estrategias de defensa.

A la fiscalía también han acudido amigos y compañeros de partido de los encartados, quienes se quejaron de que se les permitió el acceso para ver a los detenidos.

Entre los que acudió a esta sede judicial se encuentra el senador peledeista Iván Lorenzo, quien al intentar visitar a sus compañeros de partido señaló que le están impidiendo la entrada para familiares y amigos de los encartados en la Operación Calamar y aseguró que estos corren peligro.

El politólogo Belarminio Ramírez también visitó el Palacio y tras intentar ver a los implicados insistió en que el Ministerio Público actúa por populismo y que además no es independiente y viola los procedimientos.

El perímetro del Palacio de Justicia se mantiene custodiado, aunque con menos presencia policial.

Según la solicitud de medida de coerción, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y los demás 17 implicados en el caso  estafaron al Estado con más de 19,000 millones de pesos

De acuerdo con el documento, de dicha cantidad de dinero  más de 5 mil millones eran para los expropiados de terrenos y las transacciones se hacían regularmente en la sucursal del Banco de Reservas aproximadamente a las seis de la tarde.

Señala que las bancas de apuestas debían pagar  una comisión, sino eran cerradas.

Será este domingo cuando la Oficina Atención Permanente intenté por segunda ocasión conocer medidas de coerción para encartados, para quienes el Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva.

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