Santo Domingo.- El conocimiento de medidas de coerción contra los implicados en el caso denominado Coral 5G continúa este lunes en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se espera que la defensa de los imputados presente sus argumentos, tras ser aplazado el viernes luego de tres días consecutivos en los que el Ministerio Público varió la solicitud de coerción contra una de las implicadas sin revelar el nombre.
Se tiene previsto que a las 10:00 de la mañana la jueza Kenya Romero, de Atención Permanente reanude la audiencia.
Los abogados defensores dijeron estar preparados para refutar las pruebas que dice tener el órgano acusador, ya que según ellos están amañadas, carecen de base legal y son improcedentes. Además de presentar los arraigos con los que cuentas sus defendidos.
Wilson Camacho, titular de la Pepca, aseguró tener más de 15 mil evidencias “irrefutables”.
El Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción junto a más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pide 18 meses de prisión preventiva y que el caso se declare complejo.
La medida fue solicitada en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También, contra el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
En el caso del general De los Santos Viola, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación a la jueza Romero.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G, según el Ministerio Público movió al menos 4,500 millones de pesos. A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G conllevó la ejecución de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
