La imposición fraudulenta de esta dictadura institucional lumpen capitalista inicia un nuevo periodo de gobierno, más envejecida y degradada. Nada nuevo, que no sean emprendimientos tenebrosos, se vislumbra en su firmamento.
Entre sus planes el más desbastador para la vida de esta isla y nuestra sociedad es el programa minero contra la Cordillera Central que pretenden iniciar por San Juan de la Maguana, precisamente en el frente minero de Romero situado al borde del río San Juan, afluente del Yaque del Norte, y de la Presa de Sabaneta, vitales con para la irrigación del Valle y la región. Gold Cuest es la transnacional concesionaria.
Sería una operación aurífera en las alturas de la Cordillera Central, inadmisible independientemente de la tecnología que se emplee (incluida la extracción por túneles en lugar de “minería a cielo abierto”).
En una región concesionada en más de un 50% este sería el inicio de la transformación de un distrito agrícola, altamente productor de alimento y generador de empleos estables, en un distrito minero con escasos empleos y sometido a la destrucción del sistema de agua del Yaque del Sur y de la producción agrícola y pecuaria del Sur central y el Suroeste del país, desde Azua y San Juan hasta Barahona.
El frente minero de Romero demandará grandes cantidades de agua, ensuciará y contaminará sus fuentes y correntías, disminuirá su captación y fraccionará sus cursos superficiales en una región donde ya el déficit de agua es alarmante. A eso se agregaría la cadena incontenible de concesiones de explotación minera que estimularía ese funesto precedente convertido en jurisprudencia; provocando niveles trágicos de inseguridad y dependencia alimentaria.
La explotación del “oro nativo” de Romero mediante túneles no anula consecuencias terribles contra el derecho a la vida, dados los impactos de la extracción en el subsuelo y de los depósitos minerales en el sobresuelo, la peligrosidad de presas de cola envenenadas, y el hecho de que lo limitado del “oro nativo” para garantizar su rentabilidad, obligaría al consorcio a la explotación de óxidos y sulfuros, tramposamente ocultada.
Esto no es cuestión de reglas de transparencias ni de tal o cual tecnología. Esa catástrofe solo se evita impidiendo la explotación minera en niveles altos y medios de la Cordillera Central, caracterizados por su riqueza en agua, biodiversidad y fertilidad. Y a falta de Gobierno y Estado sensibles, solo la lucha de agricultores y pobladores en general están en capacidad de lograrlo.