El trabajo en la Contraloría y la eficiencia del Estado Dominicano (1996)
El fortalecimiento del control interno busca prevenir fraudes y garantizar la eficiencia en el manejo de fondos públicos.
Santo Domingo.– En febrero de 1996, al asumir la responsabilidad de la Contraloría General de la República, se hacía evidente que la función de control del Estado no podía reducirse a un ejercicio meramente contable. En una economía mixta moderna, como lo establecen los textos clásicos de economía —Paul Samuelson entre ellos—, los instrumentos de política económica del Gobierno son los impuestos, el gasto público y las regulaciones.
A través de ellos, el Estado fija el marco legal del mercado, influye en la asignación eficiente de los recursos, contribuye a una mejor distribución del ingreso y procura la estabilidad macroeconómica. En ese contexto, la Contraloría adquiere un papel estratégico: evaluar los costos operacionales del Estado y asegurar que los recursos públicos produzcan los mayores beneficios posibles para la sociedad.
Acciones de la autoridad
La Contraloría General de la República, conforme a la Ley 3894 de 1954 y su modificación de 1970, tiene la responsabilidad de fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos públicos, así como de examinar las cuentas de todas las personas o entidades que administran bienes del Estado.
Desde el primer día de gestión se inició una evaluación integral de la institución, de su personal, de sus procedimientos y de las auditorías pendientes, muchas de las cuales no habían sido remitidas oportunamente al Poder Ejecutivo ni a las entidades auditadas.
Ese proceso inicial incluyó reuniones de coordinación con los principales responsables del sistema financiero y presupuestario del Estado: Tesorería Nacional, Aduanas, Rentas Internas, Impuesto sobre la Renta y la Oficina Nacional de Presupuesto.
De ese esfuerzo surgió la creación de una comisión interinstitucional destinada a revisar normas, sistemas y procedimientos de contabilidad y fiscalización, incluyendo la realización de auditorías más eficaces y oportunas. Paralelamente, se reactivaron auditorías especiales, se inspeccionaron fondos presupuestarios con indicios de graves irregularidades y se continuaron investigaciones relacionadas con fraudes históricos que habían afectado seriamente al fisco dominicano.
¿Cómo ocurrió la evaluación del patrimonio nacional?
Uno de los proyectos de mayor alcance concebidos en ese período fue la evaluación del Patrimonio Nacional. El Estado dominicano carecía —y en buena medida aún carece— de una contabilidad patrimonial integral que permita conocer con precisión qué posee la Nación, cómo se valora ese patrimonio y cómo evoluciona en el tiempo.
Contar con esa información no solo fortalece la gestión administrativa, sino que ofrece a la ciudadanía y a las futuras generaciones un punto de referencia objetivo para evaluar la obra de gobierno y la responsabilidad en el manejo de los bienes comunes.
En mayo de 1996, el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana extendió una invitación para disertar sobre temas vinculados al control de la corrupción, la ética pública y la auditoría en el sector público. Acepté esa invitación con el propósito de abordar el tema desde una perspectiva más amplia: la función de la Contraloría en un mundo sometido a profundos cambios económicos, tecnológicos y políticos.
La corrupción, como fenómeno, no es exclusiva de la administración pública ni de un país en particular. Como advirtieron los obispos dominicanos en sus cartas pastorales de 1975 y 1995, se vuelve especialmente destructiva cuando se transforma en cultura, en modo de vida y en práctica social tolerada.
El combate a la corrupción no puede limitarse a denuncias morales. Como bien ha señalado el economista Robert Klitgaard, se trata de identificar fallas estructurales de información, incentivos y control.
La experiencia latinoamericana demuestra que los grandes fraudes suelen ser el resultado de sistemas que no funcionan adecuadamente. De ahí la importancia de fortalecer el control interno, diseñar programas de auditoría orientados a las áreas de mayor riesgo y dotar a la Contraloría de herramientas técnicas y humanas capaces de detectar transacciones erróneas o ilegales antes de que causen daños irreparables.
Durante esos meses se trabajó en la creación de un Departamento de Auditoría Interna, en el diseño de programas de auditoría más rigurosos y en la construcción de subsistemas esenciales de contabilidad: bienes y activos fijos, deuda pública y patrimonio del Estado. Todo ello respondía a una visión compartida por organismos internacionales como la OLACEFS y la INTOSAI, que conciben el control interno como un instrumento de gestión destinado a garantizar, con razonable seguridad, el cumplimiento de los objetivos del Estado, la protección de los recursos públicos y la transparencia en la rendición de cuentas.
La auditoría interna, aplicada con seriedad en el sector público, no es un obstáculo para la gestión, sino un apoyo fundamental para que las instituciones alcancen sus metas con eficiencia, economía y efectividad. Sin embargo, en la práctica dominicana, muchos de esos departamentos existían solo de nombre, carecían de independencia real o no contaban con personal debidamente capacitado. Corregir esa debilidad estructural era —y sigue siendo— una condición indispensable para racionalizar el Estado y recuperar la confianza ciudadana.
La experiencia en la Contraloría en 1996 dejó una enseñanza central: el control del gasto público, la lucha contra la corrupción y la eficiencia del Estado forman parte de un mismo desafío. No se trata solo de sancionar irregularidades, sino de construir instituciones sólidas, previsibles y profesionales, capaces de administrar sirviendo y de servir administrando.
Ese es, en última instancia, el sentido profundo de la Contraloría General de la República en una democracia que aspire a ser algo más que un simple ejercicio formal del poder.