Cuando monseñor Víctor Masalles, quien precisamente se desempeña al frente del obispado de la conturbada diócesis de Baní, reclama de las autoridades mostrarse más enérgicas en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico que se ha convertido en su manifestación más peligrosa por las consecuencias que acarrea, está limitándose a reiterar la que ha sido una posición consistente mantenida por la Iglesia Católica a través de la Conferencia del Episcopado, que agrupa a los obispos y funge como su autoridad suprema.
Pero se está haciendo eco de lo que es también una exigencia de los más influyentes sectores de la sociedad profundamente conturbada por la frecuente ocurrencia de escándalos asociados al ejercicio de funciones públicas, donde en no pocos casos se evidencia la complicidad de personeros y elementos de la vida civil, a los que se suma la cada vez más preocupante ocurrencia de hechos de sangre asociados a las manifestaciones de violencia de una cada vez más desafiante y agresiva criminalidad.
Cierto que en el seno de la ciudadanía está arraigada la percepción de que vivimos inmersos en un clima creciente de inseguridad. Pero no lo es menos que esa sensación de indefensión que percibe la gente dispone de sobrados elementos de justificación. Para los adultos que han arribado a la cuarta década de vida, no hay punto de comparación entre la criminalidad que conocíamos veinte años atrás y la actual, donde no solo es mucho mayor la cuantía de delitos sino la gravedad y tenebrosas circunstancias que presentan. Lo que antes era noticia inusual que rompía la monotonía del interés público hoy se ha convertido en parte integrante de la vida cotidiana que a nadie asombra aunque a todos atemoriza.
Hoy se atracan sucursales bancarias, colmados, negocios, residencias particulares, se producen asaltos en plena vía pública de motores a vehículos con frecuencia que origina justificado temor de terminar siendo víctima de uno de tales hechos delictivos.
Hoy no es infrecuente que delincuentes pasen a la categoría de asesinos, cuando además de despojar a las personas de sus pertenencias terminan por quitarles también la vida.
Crímenes que se cometen con especial saña por parte las más de las veces por jóvenes y adolescentes, inclusive niños, muchas veces para apropiarse de un botín irrisorio, apenas unos pocos pesos, un celular, un par de tennis de marca.
Cuerpos sin vida, presentando las huellas de previas y dolorosas torturas, mutilados, calcinados, fruto de las guerras entre pandillas, ejecutados por sicarios profesionales, veteranos y duchos en el oficio de asesinar por encargo.
Y como remate, la abrumadora evidencia de la complicidad de autoridades que han trastocado su papel de defensores de la sociedad en enemigos de ella. Y cierto que no solo los que visten uniforme: el soldado que cobra peaje en la frontera; el policía que lo recibe en el barrio de las bandas del micro-tráfico o del que maneja el punto de drogas para compensar el mísero salario que reciben. O el juez suplente que dispone la libertad del traficante con una fianza que no guarda proporción con el valor de la droga y presentación periódica que casi nunca se cumple. Esas son las fichas menores.
Son los que están mucho más arriba en el orden jerárquico. Los que ocupan las más altas posiciones de poder. Los que muchas veces están detrás de un escritorio pero son los que mueven los hilos de la trama, como expertos titiriteros sin dar nunca la cara. Los que el presidente Danilo Medina llamó de “cuello blanco”. Una calificación que es casi el equivalente a intocable.
Frente a estas realidades del diario acontecer, de poco o nada valen las estadísticas mostrando que los índices de criminalidad en nuestro país arrojan mejoría, y que resultan muy inferiores a los que presentan otros países de la región como Venezuela, Honduras o México sin ir más lejos. Sin dejar de ser ciertas, no aligeran en lo absoluto la sensación de inseguridad e indefensión que pesa en el ánimo de la ciudadanía. Aquí aplica el dicho de que “mal de otros es consuelo de tontos”. No en balde, todas las encuestas políticas que auscultan los principales motivos de queja de la gente arrojan como resultado coincidente el auge de la criminalidad y la inseguridad ciudadana.
Es el principal clamor de la gente. El de que ahora se ha hecho portavoz el obispo banilejo reclamando mayor energía frente a la corrupción y el narcotráfico de tan íntima asociación. Lograrlo, llevar sosiego al seno de una sociedad conturbada, estremecida y temerosa es el reto de mayor prioridad y apremio para el gobierno.