Crece la preocupación por campaña a destiempo: JCE vuelve a recibir quejas por proselitismo de los partidos
La Ley 20-23 establece que la precampaña inicia en julio del año anterior a las elecciones.
Santo Domingo.– Ocho meses después de que la Junta Central Electoral (JCE) advirtiera que sancionaría a los partidos políticos que realizaran campaña fuera del tiempo establecido por la ley, vuelven a surgir denuncias de proselitismo anticipado por parte de las principales organizaciones políticas.
La Fuerza del Pueblo (FP) fue intimada tras la marcha realizada el pasado domingo, en la que la JCE argumentó que la caravana pudo haber constituido proselitismo.
- Ese mismo día, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizó actividades internas de verificación de miembros.
Reacciones de partidos y sociedad civil
Este miércoles, dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunciaron abiertamente las aspiraciones presidenciales de Gonzalo Castillo, lo que diversos sectores consideran una nueva violación a los plazos electorales.
“Se sigue violentando la Ley Electoral, pero también se pone en juego el mismo papel que debe juzgar la Junta Central Electoral”.
Lady Blanco
Participación Ciudadana
Añadió que los partidos “no quieren cumplir las mismas normas que ellos establecen”, mientras que el órgano electoral “debe aplicar lo que establece la ley”.
Aunque los dirigentes políticos reconocen que existe actividad electoral precoz, insisten en que no están rompiendo las reglas.
No obstante, la ley es clara:
El proselitismo público solo está permitido dentro de los plazos establecidos.
Organizaciones de la sociedad civil reiteraron su llamado a la prudencia.
Marco legal y contexto electoral
La advertencia emitida por la JCE en febrero surgió específicamente por actividades de algunos aspirantes del PRM, lo que llevó incluso al presidente Luis Abinader a pronunciarse sobre el tema.
La Ley 20-23 sobre el Régimen Electoral establece que la precampaña inicia en julio del año anterior a las elecciones, por lo que actualmente el país está a tres años del próximo proceso electoral, fuera de cualquier período permitido para actividades proselitistas públicas.