Recientemente en nuestro país algunos escándalos de corrupción han estallado, ya fuere porque penosamente algunos murieron por suicidio o por asesinato, como sucedió en los casos de la OISOE y la OMSA, o porque el sistema judicial o instituciones de otros países han impulsado investigaciones que nos incluyen como la del caso ODEBRECHT o impuesto sanciones por comisión de actos de corrupción a ciudadanos dominicanos.
Estos casos constituyen una muestra fehaciente de que operamos bajo un vergonzoso sistema en el que la comisión de delitos como pago de sobornos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsedad en escrituras, prevaricación, lavado de activos; pululan impunemente por irresponsabilidad o complicidad de los poderes del Estado.
También constituyen evidencia de que la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, las leyes sobre declaración jurada de bienes de funcionarios, las instituciones de control y fiscalización, las legislaciones aprobadas para luchar contra la corrupción así como los organismos creados para coadyuvar en la misma, como la Dirección de Ética Gubernamental o las comisiones de veedurías; han sido insuficientes, irresponsables o inoperantes, pues la corrupción se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años, precisamente cuando estos instrumentos fueron creados o supuestamente fortalecidos.
Asimismo, confirman que las construcciones de obras públicas son caldo de cultivo para la corrupción, que el hombre del maletín ha operado impunemente en el Congreso para aprobar contratos de préstamos y muchas cosas más, que las compras y contrataciones están infestadas por licitantes favoritos y sociedades creadas a la medida de los titulares de instituciones para ganar sus licitaciones, y que la política para muchos es mejor fábrica de millonarios que cualquier lotería.
Las declaraciones juradas de funcionarios hoy acusados por la Procuraduría en el caso ODEBRECHT, estaban depositadas desde hacía años y, el análisis que se hizo sobre los incrementos patrimoniales desmedidos y supuestamente injustificados debió realizarse hace tiempo, y debería hacerse no para este puñado sino para todos.
Sabemos también que algunos de los imputados no solo realizaron los actos ilícitos objeto de acusación sino muchos otros y que algunos poseen sociedades que suscribieron contratos millonarios con instituciones públicas cuya única justificación era enriquecerlos impunemente junto a ex funcionarios y funcionarios, todo lo cual debe investigarse.
Los depósitos millonarios en cuentas de funcionarios no solo forman parte del expediente ODEBRECHT, sino también del elaborado por la Procuraduría en el caso del senador archivado por la Suprema Corte y no apelado, de la investigación periodística contra el otrora zar del metro, cuya única sanción ha sido perder el cargo y, probablemente existen muchos más aun no investigados.
Parece que ni nuestro sistema judicial, ni el Congreso, ni la Cámara de Cuentas, ni el Poder Ejecutivo, ni parte de la sociedad querían ver lo que en muchos casos era vox populi, y esa venda ha permitido que funcionarios corruptos adquieran activos, posean negocios, cuentas y lleven una vida que sus ingresos no pueden justificar.
De fuera han debido venir las revelaciones, sanciones y presiones no solo para que nuestra justicia opere, aunque limitada y parcialmente, sino para que el poderoso partido oficial entendiera que una justicia parcial que ordena archivos o actos de no ha lugar no borra los hechos ni evita sanciones foráneas para algunos de sus protegidos, haciendo realidad aquello de que de fuera vendrán y de su casa los sacarán.
