Decreto de publicidad: otra estafa mercadológica

Las fuentes de financiamiento electoral son fundamentalmente seis:

 1) La asignación legal del Estado a la JCE para alimentar partidos corruptores.

2) Los dineros procedentes de la narco-economía (narco-política).

3) Las inversiones del gran capital privado en la política convertida en negocio.

4) El uso del poder y diversos recursos del Estado para manipular el mercado electoral.

5) La parcialidad de los medios de comunicación por el poder que detentan sus dueños y la publicidad del Estado.

6) El dinero previamente robado por elites de la partidocracia y del empresariado asociado a ellas.

La campaña no comenzó ahora.

El reciente decreto mediante el cual se establecen a estas alturas nuevos criterios para contratar medios de comunicación y plataformas digitales, regular la publicidad oficial e impedir la utilización de recursos estatales en la campaña electoral, es una burla.

Pura estafa mercadológica.

 La campaña oficialista comenzó hace más de tres años con todo el ventajismo de lugar.

La de la oposición corrupta, apelando a sus arcas de dinero previamente robado. le siguió los pasos.

Desde su primer día de gestión, Abinader volcó todos los recursos de comunicación y todo el poder útil del Estado en favor de la reelección del PRM y de su re-postulación.

Toda la asesoría de imagen del gobierno y la estrategia de promoción la gestión de Estado se mezcló con la estrategia de campaña electoral.

Mauricio De Vengoechea y demás mercadólogos del oficialismo están contratados y pagados por la presidencia de la república para promover personalmente a Abinader, a su partido y a sus socios políticos.

La mayoría de los ministerios y entidades gubernamentales han saturado al país de una propaganda que a la vez que promueve su gestión, a base de no pocas falsedades, promueve sus candidatos alrededor de la exaltación de la figura presidencial elevada a la condición de nuevo monarca.

Todos los escenarios de la asociación público-privada han sido usados -y siguen usándose- con esos fines.

Los shows mediáticos electorales, las pasarelas politiqueras, los picazos y palazos son incontables.

Todos los medios de movilización, ejecución, soborno, compra de partidos y dirigentes. han operado permanente. Ningún contrato de publicidad ha sido fiscalizado, menos aún la compra de más de 20 franquicias partidistas acompañantes.

Mediante el enorme crecimiento de un asistencialismo destinado a paliar limitadamente un enorme empobrecimiento en expansión, se ha conformado un voluminoso sistema político clientelista manejado desde el Palacio Nacional.

Es cierto que las alcancías, cajas fuertes y patrimonios de la oposición tradicional (PLD, FP, PRD), -repletas de dineros y bienes robados- han sido utilizadas, con iguales fines y con todo el descaro del mundo; contando con la complicidad de este gobierno y de la clase dominante-gobernante que han favorecido un régimen impunidad que les permite actuar desde su condición de partidos delincuentes.

·        DEL PLATO ELECTORAL DE TRES, ABINADER SE COME LA MAYOR PARTE.

 Ahora bien, entre los tres dueños de casi la totalidad de los fondos asignados a la JCE, el PRM recibe la mayor parte.

De la inversión privada en el mercado electoral, Abinader disfruta, en su condición de gobierno operado por grandes empresarios y el coloniaje estadounidense, de una porción de recursos muy superior al resto de los actores.

En la narco-política que lo financia a todos, son los campeones.

Cuenta con el favor de sus medios de comunicación del Estado y del gran capital privado en mucho mayor escala que sus contrincantes.

Del plato electoral de tres, se comen la mayor parte. Ni hablar respecto a los sectores marginales del arcoíris político del sistema.

Dinero robado, el PRM tiene menos, pero tiene mucho.

Pero además la nueva corrupción empresarial, en esta fase de neoliberalismo duro, de apropiación privada de gran parte del patrimonio público y natural del país, los recursos derivados del tráfico de influencia correspondiente y del respaldo empresarial que concita, dan para asignarle a la reelección gran cantidad de recursos.

En esa variante de la corrupción está incluida la bonanza turística al servicio y para beneficio colosal de unos pocos.

 Por todo esto no es exagerado afirmar, que además de que la degradación en el ejercicio de las funciones públicas no respeta ni la Constitución, ni las leyes, ni los decretos que las rigen, ese decreto no es más que otro show mediático al que se ha prestado el Director de Contrataciones Públicas y el conjunto de mercenarios de la publicidad mentirosa que impulsa la estrategia electoral al servicio de Abinader y su Corte.

Solo los tontos o atontados pueden creer que ese paso podría cambiar el rumbo de trampas, hipocresías, simulaciones y engaños, trazado y trillado durante la mayor parte de este periodo de gobierno.