SANTO DOMINGO.- A fin de dar tiempo a que se revele el resultado de las investigaciones en contra de agentes de la Policía adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que agredieron a miembros de la defensoría del pueblo y representantes de los medios de comunicación, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, concedió un plazo de cinco días al director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para que revele los resultados de la pesquisa.
Ulloa, por medio de una carta, informa que conserva el interés de conocer el avance del procedimiento disciplinario contra los miembros de la Digesett que lo agredieron a él, a miembros de ese órgano y de los medios que lo acompañaban a una inspección al Centro de Retención Vehicular (Canódromo), tras denuncias de irregularidades allí.
“La Policía Nacional cuenta con un plazo de cinco días hábiles para dar respuesta a lo planteado. La inobservancia de este plazo acarrea las consecuencias dispuestas en el artículo 27 de la Ley núm. 19-01, que creó el Defensor del Pueblo y que permite vigilar y supervisar la actividad de la Administración Pública”, alegó Ulloa.
Expresó que resulta preocupante, que a 30 días de esta agresión contra el Estado de derecho y la institucionalidad, la sociedad dominicana desconozca las medidas que ha tomado el Consejo Superior Policial para sancionar, de conformidad con el debido proceso, el comportamiento de los miembros de la Policía.
Ulloa manifestó que requiere un informe con carácter de urgencia del director de la Policía Nacional explicando las medidas correctivas y preventivas que ha tomado la Policía en este caso.
Sostuvo que la inspección frustrada por miembros de la Digesett en el canódromo, el 11 de abril pasado, se trató de una diligencia de investigación a raíz de la denuncia del ciudadano Damián Javier Heredia Moreno y de las anomalías denunciadas por la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamotor), el 17 de marzo por las dificultades para la entrega de vehículos retenidos.
Destacó que no se puede olvidar que la actuación de los miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Digesett, representa también la obstaculización de la facultad de inspección que posee este órgano de conformidad con la Constitución de la República y la Ley número 19-01.
