En una declaración pública, la AIRD afirmó que su posición se fundamenta en el respeto a las reglas establecidas para proteger la industria nacional y a los mecanismos institucionales creados para garantizar la competencia leal en el mercado.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
Santo Domingo.– La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respaldó a las empresas que solicitaron a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) el inicio de una investigación para determinar la aplicación de una medida de salvaguardia a las galletas importadas desde países sin acuerdos de libre comercio.
El gremio enfatizó que el proceso debe continuar conforme a la normativa vigente.
En una declaración pública, la AIRD afirmó que su posición se fundamenta en el respeto a las reglas establecidas para proteger la industria nacional y a los mecanismos institucionales creados para garantizar la competencia leal en el mercado.
Pujols destacó la relevancia del trabajo de la CDC, a la que definió como “una institución esencial para garantizar la protección de la industria local ante prácticas desleales o incrementos de importaciones que puedan causar daño”.
Agregó que la Ley 1-02 declara de interés nacional la protección de la producción local ante el aumento de las importaciones de galletas observado en el mercado dominicano.
El gremio recordó que lo anunciado hasta el momento corresponde únicamente al inicio de la investigación y que la ley establece etapas específicas antes de que la CDC adopte una decisión. “La Comisión ha informado que la resolución preliminar se publicará a más tardar a finales de febrero de 2026.
Por ahora, toca esperar que este proceso administrativo continúe con normalidad, recordando que cada decisión de la CDC es recurrible ante los tribunales competentes”, señaló Pujols.
La AIRD reiteró su confianza en la institucionalidad del país y en la capacidad técnica de la CDC para llevar a cabo una investigación rigurosa, transparente y apegada a los criterios de la Ley 1-02 y los acuerdos de la OMC.
Este tipo de procedimientos busca garantizar que la competencia sea justa y que la industria nacional no resulte perjudicada por variaciones abruptas en el comercio exterior.