Una de las prácticas más perversas, deslucidas y distorsionadoras de la realidad es el uso de la demagogia electorera para tratar de conquistar el favor popular y quienes la utilizan no alcanzan a advertir que, además de ser un medio desfasado, subestima la capacidad de los ciudadanos de advertir cuando se les trata de mentir o manipular.
Desde hace tiempo, el empleo de la demagogia está desacreditado en cualquier escenario y desde una posición oficial se convierte adicionalmente en un grave práctica antiética, al valerse de una plataforma que se nutre de fondos públicos para promover aspiraciones políticas particulares.
Tal es el caso de un funcionario que sin apartarse o renunciar a su función oficial, vale decir sueldo, facilidades y privilegios propios del cargo, se dedique a lanzar críticas destempladas y a tratar de descalificar la gestión de algunos incumbentes porque tiene en la mira alcanzar alguna posición determinada.
Todo ciudadano en disfrute pleno de sus derechos civiles y políticos tiene derecho a candidatearse y promover sus aspiraciones, pero no puede hacerlo desde un puesto en el Gobierno, desde una entidad descentralizada y o del tren administrativo edilicio y debería aplicarse un sistema de consecuencias para quienes se aparten de este precepto fundamental.
Independientemente de la ética, que es de importancia capital cuando se actúa con seriedad y se tiene como norte la credibilidad y aportar al bien común, estos aspirantes no advierten que al usar la demagogia insulsa y barata, muestran de este modo la carencia de escrúpulos y argumentos, ya que recurren a la mentira y la descalificación, en lugar de expresar sus proyectos e ideas para ganar simpatizantes.
Naturalmente, esta orientación sólo estarían en capacidad de entenderla y aplicarla aquellos que actúan con juicio sereno y sentido edificante, que en los tiempos modernos debe ser la base de la política proselitista y no el uso de las malas artes.
En una época donde las informaciones y comentarios llegan al público por tantas vías diversas, son escasas por no decir improbables, las posibilidades de éxito de los funcionarios públicos que se amparan en sus puestos para aspirar a cargos electorales tratando de empañar gestiones, en vez de hacer propuestas, porque no tienen nada que exhibir de realizaciones provechosas para el país y su gente.
