Texas demanda a uno de sus condados por brindar asistencia legal a indocumentados

EE.UU.– El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó este miércoles una demanda contra el condado de Bexar y sus comisionados por supuestamente asignar ilegalmente fondos de los contribuyentes para financiar la defensa legal de inmigrantes que enfrentan la deportación.

En un comunicado, Paxton explicó que en diciembre pasado la Corte de Comisionados del Condado de Bexar aprobó la asignación de 566.181 dólares de fondos públicos para proporcionar servicios legales a inmigrantes indocumentados, lo que violaría la ley estatal, según la demanda.

Detalles sobre la asignación y uso de fondos públicos

El fiscal republicano alega que se han usado hasta un millón de dólares de dinero público para apoyar a los inmigrantes.

El condado de Bexar creó un fondo de Servicios Legales de Inmigración en 2024 para apoyar a residentes del área que se hayan visto afectados por los operativos migratorios, al igual que otras zonas lideradas por demócratas como Los Ángeles.

En su demanda, Paxton ha solicitado una orden de restricción temporal para que el condado entregue los fondos y para impedir que se celebre o renueve cualquier contrato que financie la defensa contra la deportación o servicios legales relacionados con la inmigración.

Paxton ya intentó bloquear los fondos asignados a ayudar a inmigrantes del condado de Harris, pero perdió la batalla legal después que un juez rechazara el caso.

Los defensores de los inmigrantes han criticado la demanda de Paxton, argumentando que el acceso a representación legal es un derecho fundamental que ayuda a garantizar un proceso justo.

Señalan que los fondos del condado no crean un incentivo para la inmigración ilegal, sino que buscan proteger los derechos de personas que ya viven en la comunidad y que podrían enfrentar consecuencias graves sin asistencia legal.

Por su parte, algunos legisladores demócratas han señalado que la acción del fiscal podría tener implicaciones políticas más amplias, convirtiéndose en un precedente para limitar la capacidad de los gobiernos locales de proveer servicios esenciales a poblaciones vulnerables.

Mientras tanto, el caso promete prolongarse en los tribunales, generando expectativas sobre cómo se interpretará la ley estatal frente a las iniciativas locales de apoyo a inmigrantes.