Denuncian "mafias inmobiliarias" tras fallo que afecta al Parque Nacional Jaragua

Santo Domingo.– La decisión de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordena modificar el catastro del para favorecer reclamos de la familia Gadala María, ha provocado fuertes reacciones en el ámbito jurídico y ambiental.

Durante una entrevista en el programa El Despertador, el abogado ambientalista Nelson Pimentel y el consultor jurídico del Ministerio de Medio Ambiente, Dr. Carlos González, denunciaron lo que consideran un patrón de litigios dirigidos a reducir el patrimonio ecológico del país mediante maniobras irregulares.

Una sentencia bajo cuestionamiento

El Dr. González sostuvo que el fallo carece de sustento legal y técnico. Según explicó, el tribunal habría validado como oficial un informe técnico que no fue emitido por los organismos competentes.

"Se le atribuye la condición de informe del Registro Nacional de Catastro a un documento presentado por un agrimensor de la parte privada. El Ministerio no pudo defenderse de ese informe porque sencillamente no existe", afirmó.

El jurista aseguró que la institución no puede ejecutar la sentencia, al considerar que contraviene disposiciones constitucionales.

"Se le está imponiendo al ministro la ejecución de una sentencia contraria a la Constitución. No puedo ejecutar una orden que implique la reducción de un área protegida si no es por mandato expreso de la ley", enfatizó.

"Herencias de la tiranía" y supuestas mafias

Por su parte, Nelson Pimentel enmarcó el conflicto dentro de una lucha histórica contra intentos de reactivar títulos de propiedad vinculados a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

El ambientalista celebró que la Procuraduría General de la República haya abierto una investigación sobre lo que calificó como "mafias inmobiliarias".

"Hay que investigar a fondo dónde están incrustadas estas mafias. No es entendible que casos como Bahía de las Águilas, Sierra de Bahoruco o Parque Nacional Cotubanamá sigan ocurriendo bajo esquemas donde se abrogan derechos de propiedad sobre áreas inalienables e irreductibles", sostuvo.

Pimentel recordó además que la familia involucrada ya ha sido objeto de decisiones del Tribunal Constitucional, entre ellas la sentencia TC/0025/14, que invalidó pretensiones similares por el origen irregular de los títulos.

"No puede existir titularidad alguna en este caso concreto. Por el principio de no regresión constitucional, estas áreas no pueden ser afectadas", añadió.

La deuda histórica del Estado

A pesar de las denuncias, los especialistas reconocieron que existe un problema estructural: el Estado mantiene una deuda con propietarios cuyos terrenos fueron declarados de utilidad pública de manera legítima, pero que no han sido debidamente compensados.

Pimentel planteó la necesidad de implementar mecanismos modernos de compensación que permitan resolver estos conflictos sin poner en riesgo el sistema de áreas protegidas.

"El Estado dominicano tiene una deuda histórica acumulada con propietarios legítimos. Debemos crear condiciones para compensarlos adecuadamente, porque el beneficio ecosistémico de un parque nacional también es monetizable", expresó.

Próximos pasos

El Ministerio de Medio Ambiente informó que ya depositó un recurso de suspensión de ejecución de la sentencia y que agotará todas las vías legales para revertir el fallo del TSA, incluyendo un eventual apoderamiento del Tribunal Constitucional.

El caso reaviva el debate sobre la protección efectiva del patrimonio ambiental dominicano y la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para blindar las áreas protegidas frente a intereses particulares.