Sin dudas resultó de gran impacto público, la declaración del director de la Regional Oeste de la Policía Nacional, general Aquino Radhamés Reynoso Rojas, denunciando la vinculación de miembros de la propia institución y de fiscales que mantienen puestos de venta de drogas prohibidas en Las Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana, donde tiene asiento el alto oficial. Su denuncia no contó con el endoso de nombres de presuntos responsables y de detalles que la avalaran.
Como era de esperar no fue necesario aguardar mucho tiempo para que distintos fiscales rechazaran la imputación, como tampoco para que el Procurador General de la República lo convocara a su despacho para recabar informaciones más precisas. Es de suponer que haya ofrecido nombres y pistas. En cuanto a los agentes policiales que los haya identificado ante la propia jefatura superior y la dirección de Asuntos Internos.
Se supone que antes de lanzar una acusación de esa naturaleza, este debe contar con informaciones y datos muy precisos, incluyendo, como es lógico, los nombres de los agentes y funcionarios fiscales que estarían vinculados a esas actividades ilegales.
Todo el mundo tiene la convicción de que hay policías corruptos, no en balde son frecuentes las depuraciones masivas, tanto como fiscales, del mismo modo que funcionarios, políticos, empresarios, dirigentes sindicales, periodistas que también lo son, dentro de una variada gama de profesiones y actividades de la que resultan contados los que escapan indemnes. A cualquiera, con razón o sin ella, en algún momento le cuelgan a las espaldas la infame etiqueta, en la medida en que nos hemos ido convirtiendo en una sociedad cada vez más escéptica y suspicaz.
Pero la justicia no puede asentarse ni impartirse en base a simples convicciones. Cada denuncia tiene que ir acompañada de los elementos probatorios que la sustenten. Esto así, sobre todo, cuando involucra la honra personal, el prestigio público y hasta llega a poner en riesgo latente la libertad física de los imputados.
Recientes todavía dos pruebas palpables. La primera y más antigua, la irresponsable e injusta acusación del senador Wilton Guerrero contra el ex presidente Hipólito Mejía, que por más de cinco años dejó flotando en el ambiente la infundada sospecha de que pudiera haber utilizado el avión del conocido, peligroso y evasivo narco-traficante “Chapo” Guzmán. Al final, el autor de la calumniosa especie tuvo que desdecirse públicamente, abandonar el foro como se dice vulgarmente con el rabo entre las piernas, aunque es muy de dudar que haya aprendido la lección por cuanto es reincidente en este tipo de acciones.
En cuanto a la segunda, las sendas imputaciones de la empresa lechera Ladom y el dirigente del sector agrario del PRM, Leonardo Faña contra el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, ambas falladas a favor de este, la segunda con el agravante del pago al agraviado de una indemnización de 500 mil pesos, prometida de antemano que sería entregada a instituciones benéficas.
Es de esperar que en el caso del general Radhamés Reynoso este no haya incurrido en la misma práctica frívola e irresponsable de no disponer de elementos suficientes de prueba que avalen su grave denuncia, que aún cuando por vía de convencimiento muchos puedan compartir, sobre todo tomando en cuenta que hay sobrados ejemplos, ya que no solo carecería de validez jurídica sino que también dejaría bajo serio y futuro cuestionamiento su credibilidad personal, aparte de las implicaciones negativas que pueda tener sobre su carrera dentro del cuerpo de orden público, en el que ha podido llegar hasta tan elevado nivel jerárquico.
Esperemos, por tanto, que si dispone de méritos suficientes, su denuncia tenga consecuencias, como dice la clásica sentencia “caiga, quien caiga”.