Destituyen a fiscal del DN acusado de acoso, abuso de poder y arresto arbitrario de una junta vecinal

Santo Domingo–.– Santo Domingo.– El Consejo Superior del Ministerio Público destituyó al fiscal Gerinaldo Contreras tras determinarse que incurrió en graves violaciones disciplinarias, que incluyeron acoso laboral sistemático, abuso de autoridad y, de manera particularmente alarmante, ordenar el arresto arbitrario de miembros de una junta de vecinos en el sector de Arroyo Hondo que protestaban por problemas comunitarios, confirma una decisión de ese organismo a la cual Noticias SIN tuvo acceso.

La resolución núm. 07/2024, emitida por el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, detalla los hallazgos de la investigación interna que, aunque eximió a Contreras de la inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos, concluyó que su permanencia en el cargo era insostenible.

La decisión fue emitida por el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, este lunes 30 de junio y el fiscal tiene derecho a apelarla ante el Consejo Superior del Ministerio Público.

El incidente con la junta de vecinos

Uno de los episodios más graves ocurrió cuando el fiscal Contreras ordenó el arresto de varios miembros de una junta de vecinos del sector Arroyo Hondo, que había organizado manifestaciones pacíficas exigiendo soluciones a problemas de basura y falta de servicios.

Según los testimonios, Contreras acusó a los comunitarios de “alterar el orden público” y envió a la Policía a detenerlos sin existir orden judicial ni indicios de delito flagrante.

La detención generó denuncias públicas de abuso de poder y motivó la intervención de instancias superiores, que ordenaron la liberación de los vecinos por falta de fundamento legal para su arresto.

Testimonios contra el fiscal

El Consejo recopiló varios testimonios de los vecinos para sostener la imputación contra el fiscal.

Entre ellos están los de Wendy Altagracia Padilla, Alberto Jose Ovalles Castillo y Alberto José Ovalles Castillo.

Hallazgos del Consejo Disciplinario

La investigación concluyó que Gerinaldo Contreras incurrió en varias faltas tipificadas como graves, pues ordenó un arresto sin fundamentos legales contra líderes comunitarios, lo que se considera un abuso de su investidura para silenciar quejas legítimas del personal y de la ciudadanía.

La resolución puntualiza que el fiscal “mostró una conducta incompatible con la dignidad de su cargo y atentó contra derechos fundamentales de ciudadanos y miembros del Ministerio Público”.

"En cuanto al fondo declara disciplinablemente responsable al disciplinable GERINALDO CONTRERAS MEJÍA, Procurador Fiscal, de cometer faltas Muy Graves en el desempeño de sus funciones, previstas y sancionadas en el artículo 92 del numeral 8, de la Ley 133-11, Ley Orgánica del Ministerio Público, por haber demostrado la Inspectoría del Ministerio Público, más allá de toda duda razonable, por lo que disponemos la Destitución de su cargo, como Procurador Fiscal", fue la decisión.
"En virtud de las disposiciones del artículo 112 del reglamento Disciplinario vigente, se declara la INHABILITACIÓN del disciplinable GERINALDO CONTRERAS MEJÍA, para volver a ocupar funciones como miembro del Ministerio Público", agrega.

Rechazo a la inhabilitación

Contreras negó todas las imputaciones y afirmó que era víctima de una campaña interna para sacarlo de la fiscalía.

Contreras Mejía expresó que su salida responde a presiones internas y a intentos reiterados de desacreditar su trayectoria tras ser destituido por el Consejo Superior del Ministerio Público.
“Han intentado vincularme a casos sin fundamento y generar presión”, dijo de acuerdo con la decisión, a la que tuvo acceso Noticias SIN.

Aseguró haber enfrentado no solo intentos de asesinato por parte del narcotráfico, sino también presiones internas, sobornos rechazados y múltiples llamados a renunciar, todos ignorados por su vocación de servicio.
“Durante 20 años en la institución, mi labor ha estado marcada por el compromiso y la pasión por la justicia”, expresó Contreras.

Contreras dijo que a lo largo de su carrera ha tenido que resistir múltiples embestidas por parte de sectores que, según dijo, han intentado desvirtuar su trabajo con pruebas manipuladas y presiones indebidas.
“Desde ofertas de dinero hasta maniobras para desacreditar mi labor, cada intento ha sido documentado”, afirmó.
Dijo contar con testimonios y pruebas que demuestran cómo ciertas personas externas e internos del sistema habrían intentado influir en sus decisiones judiciales.

Sobre el incidente con la Junta de Vecinos

“Desde el momento de su arresto, se les practicó un examen médico y fueron trasladados de inmediato al Palacio de Justicia. Se cumplió con las normativas, y la presentación ante el juez se hizo en menos de seis horas”, aseguró.

Rechazó que se haya violado el plazo legal de las 48 horas al asegurar que su accionar fue tergiversado para justificar una decisión institucional ya tomada.

“Mi lealtad no es hacia individuos, sino hacia los principios que representa esta institución”, sostuvo. “He trabajado con transparencia junto a la Procuradora General y otros funcionarios en casos de alto impacto. Ninguna de las acusaciones anteriores prosperó”, expresó.

Aunque el Inspector General del Ministerio Público solicitó que, además de ser destituido, se le impusiera una inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos, el Consejo consideró la medida excesiva, argumentando que, si bien se trató de faltas graves, no hubo enriquecimiento ilícito ni actos de corrupción.

“La destitución es proporcional a los hechos comprobados. No obstante, la inhabilitación solicitada sería punitiva en exceso”, se lee en la resolución.

El fiscal tiene derecho a apelar la determinación, pues la resolución no es el final del camino legal.

"La Inspectoría General ha solicitado formalmente en sus conclusiones al fondo que se ordene además de la destitución, del Licdo. Gerinaldo Contreras su inhabilitación para ejercer la función pública por un periodo de cinco (05) años, solicitud que este órgano considera excesiva e irrazonable por las razones siguientes:
a) Conforme lo dispone el artículo siete (7) de la Constitución de la República "La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos".
b) De acuerdo con lo que establece el artículo sesenta y dos (62) de la Constitución de la República, en su parte capital, "El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado".
c) Que resulta elemental que al disciplinable le sea resguardado el derecho constitucionalmente protegido al trabajo", dice la resolución.
"Por las razones anteriormente señaladas se r e c h a z a la solicitud d e inhabilitación del disciplinable para ejercer otra función pública por un periodo de cinco (05) años que ha planteado el órgano acusador por entenderla desproporcional a la falta cometida y probada", agrega.