DGCP protege más de RD$6,500 millones con acciones de control en contrataciones públicas durante 2025

Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que durante el año 2025 logró salvaguardar más de RD$6,500 millones del patrimonio público mediante acciones de control, prevención y supervisión del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP).

La institución explicó que, como parte de su labor fiscalizadora, anuló y reencauzó procesos de licitación con irregularidades por un monto superior a RD$984.4 millones y emitió 190 resoluciones en el marco de investigaciones y reclamos administrativos.

De estas decisiones, 26 dispusieron la anulación de actos administrativos tras comprobarse violaciones al debido proceso y al marco normativo vigente.

En ese mismo contexto, la DGCP detalló que nueve procedimientos de contratación fueron anulados, por un monto de RD$984,438,624.00, lo que obligó a las instituciones contratantes a convocar nuevos procesos conforme a la ley, garantizando la legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades en el acceso al mercado público.

Monitoreo preventivo y reencauzamiento de procesos

La entidad destacó que su monitoreo preventivo permitió intervenir antes de que se materializaran irregularidades, logrando la cancelación de 78 procesos de contratación por un monto de RD$4,950,104,596.46, así como la suspensión de siete procesos adicionales por RD$659,131,921.87.

En conjunto, estas actuaciones permitieron reencausar procesos por un total de RD$6,593,675,142.33, fortaleciendo el uso eficiente y transparente de los recursos públicos y reduciendo riesgos de afectación al erario.

Inhabilitación de proveedores y respaldo judicial

De forma complementaria, la DGCP informó que obtuvo respaldo en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde los tribunales confirmaron 67 de 84 decisiones, ratificando que sus actuaciones se ajustan a la Constitución, la ley y las garantías del debido proceso.

Durante 2025, la institución también emitió 35 decisiones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado (RPE), incluyendo sanciones temporales por incumplimientos contractuales e inhabilitaciones permanentes por la presentación de documentos falsos o adulterados.

A esto se suman la cancelación y suspensión de oficio de 91 registros de proveedores condenados o procesados por delitos de corrupción, así como 39 registros por encontrarse dentro del régimen de inhabilidades previsto en la normativa.

Paralelamente, la DGCP ofreció más de 100 asistencias técnicas y suministros de información al Ministerio Público y a otros órganos de control del Estado, en apoyo a investigaciones y procesos judiciales en curso.