SANTO DOMINGO.- Las investigaciones sobre el supuesto desvío de más de 17 mil millones de pesos a través de un entramado de instituciones encabezado por el ex ministro Hacienda, Donald Guerrero, y otros ex funcionarios peledeístas, no genera preocupación en ese partido, cuyos miembros piden que se respete el debido proceso.
Al indicar que esperará el proceso, Cristina Lizardo defendió la inocencia de su hermano y ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, mencionado por el Ministerio Público en la investigación que realiza contra el ex ministro de Hacienda y su gestión frente a esa entidad.
De su lado, miembros del comité político de ese partido, al asegura que el PLD no se ve afectado si alguno de sus militantes son señalados judicialmente, reiteraron que el sistema de justicia puede hacer cualquier tipo de investigación respetando el debido proceso.
La jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la PEPCA, la obtención de informe financiero respecto a una investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.
Dicha investigación abarca a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirillo , y Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del Azúcar.
Igualmente, Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del Banco de Reservas, Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuestos; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República, y otras de 200 personas y empresas.
Según el documento el modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario más de 19 mil millones de pesos por concepto de acuerdos transaccionales. Conforme con la pesquisa, han identificado que lograron sustraer 17 mil millones por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en área protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.
Los tipos penales provisionales que les atribuye el ministerio público la ex ministro de hacienda y los demás mencionados en el documento que data del mes de febrero son asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, entre otros.