Los congresistas tienen todavía ante sí un reto bastante complicado y de difícil resolución para tratar de salir ilesos de las posiciones diametralmente opuestas en el ánimo público con respecto al tema del aborto y del Código Penal, a pesar de la aprobación de los diputados.
Con posiciones de insatisfacción en ambas partes, o sea tanto de los que favorecerían la observación presidencial como aquellos que defendían la vida de forma radical, los legisladores tendrán que pasar otra prueba con la aprobación de una ley especial que resultará clave en este controvertido tema.
En la clase médica y entre el personal de enfermería prevalece un estado de incertidumbre, pues todavía no alcanzan a comprender ni tienen del todo claras las implicaciones de lo que se aprobó en la Cámara de Diputados.
Entre los propios legisladores persisten contradicciones, a pesar de que muchos de ellos participaron en la sesión donde se aprobaron las observaciones del presidente Medina. Algunos no votaron, pero con su presencia hicieron posible el quórum reglamentario, sin el cual no hubieran podido sesionar.
Como habíamos advertido y ahora repetimos, ¿la gran interrogante es cómo lograrían los señores legisladores salir de este gran desafío sin exponerse a las fuertes reacciones de parte de los sectores que no fueran complacidos o satisfechos en sus exigencias?
Ese riesgo era siempre inevitable porque los diputados no disponían de medios o de una fórmula mágica para complacer por igual a los que están a favor o en contra de las observaciones formuladas al Código Penal.
Por ejemplo, con sus razones discutibles o no, el aborto terapéutico era sugerido por entidades defensoras de los derechos de la mujer y también médicos, en el entendido de que en este crucial tema hay consideraciones científicas que deben ser también tomadas en cuenta?
En otro sentido y con igual complejidad, ¿cómo podía pedírsele a los diputados que evitaran la contrariedad de grupos religiosos si aprobaban, como finalmente ocurrió, la debatida observación, tal cual fue remitida por el Ejecutivo, ya que estos sectores la consideraban un atentado a la vida, bajo el argumento de que ésta comienza desde el seno materno?
Desde ese ángulo, en que coinciden tanto miembros de la iglesia católica como de congregaciones cristianas, cualquier forma de interrupción del embarazo es un atentado a la vida y se prestaría para perjudiciales interpretaciones, aun en supuestos casos en que por complicaciones médicas la vida de la mujer estuviera en peligro de muerte.
Desde la óptica de quienes apoyan los derechos de la mujer a tomar decisiones sin restricciones respecto a su vida y su futuro, el aborto terapéutico garantizaría legalmente un mecanismo para que menos féminas mueran por interrupciones realizadas de forma clandestinas y sin una oportuna y eficiente intervención médica.
Estamos, en consecuencia, en medio de un drama donde hay en juego consideraciones morales, éticas, legales, emocionales y de derechos contrapuestas y que, por tanto, resultan totalmente irreconciliables. ¿Podrá entonces la proyectada ley especial solucionar este problema y poner punto final al conflicto sobre las modalidades, válidas y pretendidamente razonables en que se podría permitir legalmente la interrupción del embarazo?
La interrogante queda sobre el tapete y ojalá encuentre una satisfactoria respuesta después de las fiestas navideñas, que deben transcurrir en tranquilidad familiar, sin sobresaltos y las angustias y controversias que ha suscitado este tema.
