SANTO DOMINGO.- Legalmente el gobierno dominicano no podría imponer la vacunación contra el COVID-19 ni tomar medidas contra quienes decidan no aplicársela, aunque el sector privado sí puede establecer limitaciones para quienes no estén vacunados.
El abogado Eduardo Núñez explicó hoy que “no es la misma obligación cuando viene del Estado que cuando viene del lugar de trabajo”.
«El deber legal de vacunarse, no existe. No hay una ley que diga ‘usted tiene que colocarse la vacuna del coronavirus’. Ante la inexistencia de esta ley, exigirle a una persona que para entrar a un local público deba estar vacunado, podría chocar con derechos fundamentales», dijo.
“Tenemos que tener en cuenta de dónde viene esta obligación porque no es lo mismo que hablemos de si el Estado puede imponer la vacunación obligatoria a decir que si un empleador puede obligar a sus empleados a vacunarse o puede despedirlos por no vacunarse”, dijo en El Despertador de SIN.
En cuanto al Estado expuso que con la vacunación hay dos aspectos constitucionales a tomar en cuenta.
“La posibilidad de que el Estado imponga la vacunación, hay por lo menos dos normas que juegan un rol importante. La primera es el artículo 61 de la Constitución que indica que el Estado debe velar por la salud de todos los ciudadanos y la segunda que viene del artículo 42.3 de la Constitución que indica que nadie puede ser sometido a procedimientos médicos en contra de su voluntad”, dijo.
