Si la salud y la educación son derechos y jamás deben ser negocios, el agua mucho menos.
El agua es vida y con la vida de un país, una región, una sociedad, un planeta… no se negocia.
Es inaceptable que se pretenda privatizar la fuentes de agua y a ese extremo llegan la pretensiones de la cúpulas capitalistas en su empeño de contener y revertir la crisis de decadencia de su sistema de dominación sobre la base de convertir todo en mercancía, de obtener súper-ganancias y concentrar poder y capital en esta fase de extremo endurecimiento de su estrategia neoliberal, o más bien neoconservadora.
El control del agua por las elites capitalistas equivale al dominio absoluto de la sociedad humana, a la dictadura total sobre la vida en todas sus vertientes. Y esa determinación, en medio de la crisis de agua que afecta al planeta, guarda una estrecha relación con el declive de EEUU y del sistema imperialista occidental, fenómeno que potencia su voracidad y su desesperado empeño en recuperar y concentrar poder.
Esa hambre agua, para hacer negocio, es inseparable de su actual agresividad militar en función de su pretendido control absoluto sobre regiones preñadas de vida y riquezas.
La pandemia COVID 19 -manipulada para acumular, concentrar y expandir los grandes capitales privados- es asumida como oportunidad para privatizarlo todo, en aquellos lugares donde el poder detentado directamente y/o a través de sus socios y aliados locales se lo permita.
Ese es caso de la República Dominicana y no solo, puesto que hay claras señales de que se trata de una estrategia global.
Algo muy grave, frente a lo que hay que alertar en voz alta y situarlo como un blanco de ataque de primer orden, es la dimensión y el carácter que se le está dando a las Alianzas o Asociaciones Público-Privadas (APPS).
Las APPS no son cosas nuevas. Ellas nacen con el neoliberalismo y su impronta privatizadora y desnacionalizadora.
Lo nuevo, y mucho más grave, en el caso dominicano – y me parece que se trata de un fenómeno inducido desde los centros imperialistas a ser desplegado en muchos lugares del planeta- es el intenso volumen que la gran burguesía transnacional y local, ya en funciones ejecutivas a nivel de gobierno, le está imprimiendo a ese instrumental, junto a la marcada orientación hacia la apropiación y control de áreas claves del territorio, del sector público y del patrimonio natural del país.
Se trata de apropiarse de costas, de territorios de enorme valor inmobiliario, de verdaderos tesoros naturales, fuentes de agua, fuentes de energías, puertos, aeropuertos, autovías y empresas de servicios de servicios estratégicos altamente sensibles para la seguridad del país y la vida de sus pobladores.
En ese orden los gobernantes hablan de una nueva “visión de Estado”, de una nueva manera de “reformarlo”, mediante la asociación del Estado con el gran capital privado criollo y extranjero en negocios compartido por ambos actores, pero con un gran y único beneficiario llamado a montarse sobre el patrimonio nacional y la capacidad de endeudamiento del país para esos fines.
Los préstamos fluiría desde de los organismo multilaterales (FMI, BID, BM, entidades financieras de la UE) y los bancos de negocios con la garantía de los recursos físicos del país para ser manejados por “inversionistas” privados, que realmente no invierten nada.
El Estado pone naturaleza y bienes públicos: playas, mares, ríos, montañas, bosques, terrenos urbanos y rurales, fuentes de agua y de energía, paisajes hermosas ensenadas, montañas, tierras, biodiversidad, infraestructuras a remodelar.
Las empresas privadas, ya trasnacionales, ya con sello nativo, pero realmente lacayas, estarán a cargo de la administración de esas alianzas onerosas con la se quiere disfrazar de bueno un verdadero asalto al suelo, subsuelo y sobresuelo del país, en la lógica de una acumulación capitalista altamente concentrada y especulativa.
En lo especulativo entra el turismo con sus negocios de bienes raíces junto al proceso del endeudamiento de un Estado quebrado por la pandemia, de un gobierno presto a tirarse en brazos del FMI y el BM, con socios privados proclives a coger prestado con las garantías de las riquezas del país sin realmente invertir.
MARCA PAÍS, bajo la dirección de dos de los grupos económicos más poderosos de la nación, va en esa línea de vender nuestros tesoros y valores en el exterior.
Los yacimientos de minerales estratégicos, siendo propiedad de la Nación, no entrarán ni siquiera en ese tipo de asociación, sino que habrán de seguir siendo explotados bajo contratos leoninos y en términos depredadores y contaminadores del ambiente.
El programa minero está en la “gatera” y van a intentar darle permiso de explotación a corporaciones tipo UNI GOLD, GOLD QUEST y sobre todo a la propia BARRICK en su plan de expansión hacia la Sierra de Yamasá y construcción de presa de cola en Guanes, con todas sus funestas consecuencias ambientales sobre los ríos Ozama e Isabela.
Esa minera, ahora con el avance de impuestos para financiar el presupuesto del 2021, se coloca en posición privilegiada para exigir esa concesión de explotación y permiso para su peligrosa presa de cola, que no es más que otro depósito eterno de veneno.
El discurso oficial sobre ese tema -compartido febrilmente por los representantes del gran capital privado y gran parte de su tecnocracia y su bancada legislativa- revela que esa visión sobre el Estado es una visión empresarial-capitalista de la política, con un fondo pro-colonialista; una visión privatizadora del propio Estado y de los partidos que integran el Congreso y parte del Gabinete, cada vez mas desplazados a nivel funciones ejecutivas por empresarios convertidos en funcionarios gubernamentales.
Más puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos turísticos y “ecoturísticos” plantas o entidades eléctricas, centros de salud y educación privados… concebidos como negocios privados con el Estado como socio subordinado, o simplemente como negocios privatizados, están en marcha.
En fin, lo que se debería desprivatizar, va a crecer sobre la base de más presencia y control del capital privado sobre el patrimonio nacional y al precio de un oneroso endeudamiento externo.
Esto es así porque el gran capital privado transnacional y local, que dirige el actual gobierno, no concibe otro tipo de asociación que no sea bajo su hegemonía.
Y es funesto por más que se insista en vestir a los lobos de ovejas y en presentar como futuro maravilloso un proyecto de profundización de la colonización a costa de la vida de este pueblo y esta isla.
Todo esto va de la mano de la militarización de la política y del control militar-policial del territorio bajo el mando militar del Comando Sur del Pentágono y la asesoría colombo-estadounidense-israelí, con ominosos compromisos recientemente concertados de entrenamientos, formación militar, maniobras y operaciones militares conjuntas para supuestamente defender la seguridad regional; lo que realmente se traduce en el compromiso de participar alegremente en las agresiones imperialistas contra los países soberanos de la región (en particular contra Venezuela y Cuba) y apretar las garras sobre Haití.
Vía las APPS el Gobierno de Luis Abibader pretende abrir las compuertas hacia la privatización de las principales fuentes de aguas que han resistido la embestida depredadora y contaminadora de las últimas décadas.
Más allá de un discurso técnico oficial que reconoce la crisis del agua y su amenaza sobre la vida de nuestra sociedad, más allá de la asunción de las certezas de los más calificados diagnósticos sobre el tema, lo concreto es que las concepción del poder establecido sobre el proyecto de ley y el pacto de agua que se está sugiriendo incluye un conjunto de empresas APPS que implican introducir el negocio capitalista en la fuentes de agua del país, lo cual es sencillamente es un crimen de lesa patria
En las propuestas estructuradas por el gobierno y el sector privado es que realmente aparece con claridad la inaceptable intención privatizadora.
El agua, que es vida, que vale más que el oro y es un bien común, está amenazada por esa vía de ser convertida en negocio privado especulativo por la ley y el pacto de agua de factura gubernamental y además por el impacto de las concesiones mineras en las proximidades de sus fuentes.
El pacto sugerido es del Estado con las empresas privadas, cuando debería ser del Estado con las comunidades, que si saben el valor del agua para la vida de los seres humanos y su entorno natural, y se resisten por razones de sobrevivencia a que un recurso natural que es de todos/as, crucial para la continuidad de la vida de esta isla y esta sociedad sea convertido en mercancía y fuente de lucro de unos pocos magnates.
En verdad, nada más perverso que esa pretensión. A ella es de vida o muerte declararle la guerra.
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