Por: Juan T. Llibre
La directiva reciente del presidente Joe Biden que pide al secretario de Salud y Servicios Humanos y al Fiscal General “que inicien el proceso administrativo para revisar rápidamente cómo se programa la marihuana según la ley federal” destaca el cambio en las políticas de cannabis del gobierno federal de los Estados Unidos.
En particular, plantea la pregunta:
¿Por qué la ley federal sigue clasificando al cannabis más como heroína que como alcohol?
Según la Ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, que es una copia de la de Estados Unidos, la planta de cannabis está clasificada como una sustancia controlada de la Lista I, la categoría más restrictiva disponible según la ley.
Por definición, las sustancias de esta categoría deben cumplir tres criterios de inclusión específicos:
1. La sustancia debe poseer “un alto potencial de abuso”;
2. No debe tener “uso médico actualmente aceptado” en los Estados Unidos; y,
3. La sustancia debe carecer de «seguridad aceptada para su uso… bajo supervisión médica».
Las sustancias que no cumplen con estos criterios generalmente se clasifican en clasificaciones menos restrictivas (Listas II a V). Estas categorías generalmente se reservan para medicamentos recetados. Estas sustancias están disponibles legalmente en farmacias con licencia y están reguladas principalmente por agencias del estado.
Dado que la ciencia médica ha descubierto que el cannabis tiene múltiples aplicaciones terapéuticas (más de 200 aceptadas por la medicina, ya no puede estar en la lista más restrictiva.
El alcohol y el tabaco, dos sustancias reconocidas por ofrecer mucho más peligros para la salud que el cannabis, no están clasificados bajo la Ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas.
La decisión del Congreso Dominicano de clasificar inicialmente el cannabis en la Lista I se basó en información limitada.
Antes de 1988, cuando se descubrió el sistema canabinoide humano, había menos de 1,000 publicaciones científicas en total dedicadas al cannabis y sus efectos. Este no es el caso hoy en día. Según una búsqueda de palabras clave en PubMed, el repositorio de artículos científicos revisados por pares, ahora existen casi 42,000 estudios específicos sobre el cannabis. Más de la mitad de estos se han publicado en la última década.
Además, los Estados Unidos ahora tienen una amplia experiencia de primera mano en la regulación del cannabis a nivel estatal para fines médicos y para uso por adultos.
50 de 50 estados regulan los productos de cannabis medicinal y 21 de 50 estados regulan la posesión y venta de marihuana a adultos (la llamada “marihuana recreativa”).
Estos exitosos experimentos del mundo real con la legalización desmienten el mito de que el cannabis es una sustancia altamente peligrosa digna de su estado prohibitivo de la Lista I según la ley.
Por eso, la OMS en febrero del 2021 sacó el cannabis de la lista IV de sustancias peligrosas y llamó a los estados miembros a buscar maneras de legalizar su uso.
La legalización completa es inevitable.
El valor terapéutico de los canabinoides es sustancial.
Es por estas razones que el único resultado productivo sería que el Presidente Abinader y el Congreso se movieran rápidamente para desclasificar el cannabis, eliminándolo por completo de la Ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas y otorgando al estado el poder de establecer sus propias políticas de control del mercado de la marihuana, que no se debe dejar en manos de los traficantes ilegales sino que debe ser controlado por el estado.
A ese fin, someto a su consideración la Ley 50-88 modificada :
https://drive.google.com/file/d/1cXSh3-1SXcFvMrEaHn69NV83_Hr7I8-y/view?usp=sharing
Esa modificación debe ir acompañada de una Ley
que despenalice el uso del Cannabis o Marihuana:
https://drive.google.com/file/d/1HwocLExH89-5XdTJU_D5qX1AGSx4Q1eL/view?usp=sharing
Esta decisión alinearía las políticas del estado sobre la marihuana con las del alcohol y el tabaco, especialmente dado que es una planta más benéfica que ambas sustancias legales y terminaría con el ignominioso estado actual, fruto del anacronismo de una ley arcaica, en que el estado dominicano persigue ciudadanos porque un órgano de su cuerpo no funciona como debe.
Eso no debe continuar.
