El caso Narcisazo, la CIDH y una decisión tomada en 1996
El uso político de organismos internacionales sigue siendo un desafío para la soberanía de República Dominicana.
Santo Domingo.– En Septiembre de 1996 yo ya había sido confirmado por el Senado de la República Dominicana como Embajador Jefe de Misión ante la Organización de los Estados Americanos. Senado de la República Dominicana
El presidente Leonel Fernández me lo dijo con claridad y de manera personal: “Víctor, yo te aviso cuando te debes ir a tomar posesión de tu puesto”. En diplomacia, ese tipo de frase no es retórica: es línea de mando. presidente Leonel Fernández
Sin embargo, un viernes cualquiera, de manera abrupta y sin aviso previo del presidente, recibí una llamada del entonces canciller Eduardo Latorre. Me informó que debía viajar de inmediato a Washington, D. C., para estar presente el lunes siguiente —con apenas dos días de plazo— ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se conocería el caso de la desaparición del poeta Narciso González, conocido como Narcisazo, ocurrido en 1994. canciller Eduardo Latorre
La orden era perentoria, pero carecía de lo más elemental. Pregunté por los recursos para cumplir la misión: pasajes, viáticos, logística mínima. El canciller no supo darme respuesta. Entonces pregunté algo todavía más importante: ¿cómo se me exigía salir de esa forma, cuando el propio presidente me había dicho que él me avisaría cuándo debía viajar? recursos para cumplir la misión
Ese detalle, aparentemente menor, era en realidad esencial. Lo que se me pedía no era una gestión diplomática ordinaria, sino aceptar una improvisación que violentaba tanto la cadena de mando como la dignidad institucional del cargo. Me negué. Y ante esa negativa, preferí dejar el puesto disponible antes que legitimar una arbitrariedad. cadena de mando
Pero había algo más grave detrás de aquella prisa. urgencia política
En ese momento, el expediente de Narcisazo no solo buscaba esclarecer una desaparición dolorosa y legítimamente reclamada. Tal como estaba siendo manejado, implicaba enlodar la figura del general Juan Bautista Rojas Tabar, quien era todavía Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y que poco después renunció. No existían pruebas concluyentes contra él, pero su nombre comenzaba a circular en un contexto internacional donde la sospecha suele pesar más que la evidencia. general Juan Bautista Rojas Tabar
La urgencia de enviarme a Washington no era, por tanto, jurídica ni humanitaria: era política. Se buscaba llevar el caso a la CIDH en un momento específico, bajo una narrativa determinada, con consecuencias potencialmente devastadoras para la reputación de un alto oficial dominicano que, con el paso del tiempo, quedó plenamente desligado de esa desaparición.
El expediente terminó en suspenso y la historia fue clara: el general Rojas Tabar no tuvo nada que ver con el caso Narcisazo. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Caso Narcisazo y la cadena de mando en la diplomacia dominicana
Al negarme a viajar en esas condiciones, no solo defendí una norma administrativa; evité quedar involucrado en una operación de desgaste reputacional que habría tenido efectos institucionales profundos. Por esa razón, se designó en mi lugar a Flavio Darío Espinal. Flavio Darío Espinal
Años después, el tema regresó al debate público cuando la comunicadora Consuelo de Prader, en el programa Revista 110 de Julio Hazim, atribuyó a Espinal la misión de aceptar la jurisdicción de la CIDH para la República Dominicana. Según esa versión, esa aceptación abrió la puerta a conflictos posteriores, particularmente en 2005, cuando la Comisión pretendió exigir al país medidas contrarias a sus leyes migratorias y a su Constitución, en relación con inmigrantes haitianos en condición irregular. Consuelo de Prader
Ese episodio revela un problema de fondo que sigue sin resolverse plenamente: el uso de los organismos internacionales como espacios de presión política, donde a veces la defensa de los derechos humanos se confunde —o se mezcla— con agendas que desconocen la soberanía jurídica de los Estados. organismos internacionales
Uso político de organismos internacionales y soberanía nacional
El epílogo añade una nota reveladora. Tras concluir el primer período de gobierno del presidente Fernández en el año 2000, Eduardo Latorre pasó a trabajar para la OEA y representó a ese organismo en una comisión enviada al Perú para invalidar políticamente, mediante un expediente internacional, al entonces presidente Alberto Fujimori. Eduardo Latorre
No se trata aquí de defender a Fujimori ni de negar violaciones reales de derechos humanos donde estas existan. Se trata de señalar un patrón: el expediente internacional como instrumento de poder, activado con rapidez en unos casos y con silencio en otros, según conveniencias políticas. expediente internacional
Lo ocurrido en 1996 no fue un simple desacuerdo personal ni una anécdota burocrática. Fue un punto de inflexión que muestra cómo la soberanía de países pequeños puede verse comprometida cuando se confunden la justicia internacional, la prisa política y la falta de respeto a los procedimientos institucionales. soberanía de países pequeños
La historia, al final, puso las cosas en su lugar. historia clara
Rojas Astavar quedó limpio de toda imputación. Rojas Astavar limpio
El caso Narcisazo permanece sin resolución definitiva. caso sin resolución
Y la República Dominicana sigue enfrentando el desafío de defender los derechos humanos sin entregar su soberanía. defensa de derechos humanos
Ese equilibrio —difícil pero imprescindible— es el que sigue estando en juego. equilibrio imprescindible