¿A qué velocidad vuelan los Tucanos adquiridos de la constructora brasileña EMBRAER? Difícil saberlo si no se es un experto en la materia o se indaga en los mandos de la Fuerza Aérea en procura de la respuesta siempre que no sea considerado secreto militar. Seguramente muy pocos civiles conocen el dato o se han preocupado en averiguarlo.
Pero, en cambio lo que resulta evidente sin necesidad de hacer ninguna indagatoria y resulta de amplio conocimiento público es la velocidad de tortuga discapacitada a que marcha el dilatado expediente judicial del confesado soborno millonario que medió para el otorgamiento del contrato mediante el cual se adquirió la flotilla a un costo calificado de altamente cuestionable, que con datos de endoso pudo haber duplicado o triplicado el precio a que fueron adquiridos por otros compradores en operaciones en las que al parecer no figuró el dolo.
Tal como hemos señalado en otras ocasiones y apunta ahora muy certeramente Juan Bolívar Díaz en su columna del periódico Hoy enfocando este mismo tema, es a todas luces absurdo pretender que en una operación de esa envergadura no estuvieran involucrados mandos militares muy superiores al del coronel Carlos Piccini y figuras políticas de mayor relieve en las esferas congresuales y del poder, y al parecer también de algunos empresarios a la búsqueda de su tajada de beneficios. Tres millones 600 mil dólares a que ascendió el admitido soborno da para mojar una buena cantidad de manos, obviar obstáculos y agilizar trámites.
En todo este proceso al coronel Piccini le ha correspondido desempeñar el sacrificado papel de “cabeza de turco”. Le ha tocado cargar pesado con culpas propias, posiblemente las menos, y las ajenas que seguramente lo son mucho más. Hasta ahora ha sido el único encarcelado, purgando como el mismo se ha quejado de una condena anticipada.
En más de una ocasión, y no es secreto ni material clasificado, Piccini ha dicho casi por lo claro que las autoridades saben quienes están involucrados. Sus declaraciones han aparecido en la prensa sin que extrañamente se haya dado por aludida la Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa (PEPCA), a la que seguramente va dirigida y donde reposan infinidad de expedientes aquejados de crónica inmovilidad.
Ahora llama la atención que ante la orden judicial que dispone abrir las puertas de la celda donde lleva dos años encarcelado el coronel Piccini para otorgarle libertad provisional a cambio de una elevada fianza, la misma libertad provisional de que goza, en cambio el resto de los supuestos implicados, la fiscalía se niegue a firmar la orden en tanto la Procuraduría anuncia que apelará la misma por riesgo de fuga. Luce un acto de ensañamiento cuando en todo caso, si tal es el temor bien pudiera obviarse con la colocación de la tobillera que permitiría mantenerlo continuamente ubicado.
Por lo demás, al paso que ha estado marchando este expediente criminal y por las poco alentadoras perspectivas de que pueda cobrar mayor velocidad, luce que terminará compitiendo con el de la ODEBRECHT y el agravado de la OMSA con el asesinato del abogado Yuniol Ramírez así como tantos otros que han ido quedando relegados en el camino como si con ello se estuviera apostando al cansancio y al olvido público.