Este miércoles la Cámara de Diputados ratificó los términos del Tratado de Extradición suscrito entre nuestro país y los Estados Unidos en enero del pasado año. Vendrá a sustituir la normativa vigente que databa del año 1910, o sea, que tenía más de un siglo de antigüedad.
La aprobación cameral ha sido acogida por el Procurador General de la República como un paso positivo en la acción coordinada de ambos países que, según alega, permitirá hacer más efectiva la aplicación de la ley, a más de incorporar nuevas modalidades delictivas asociadas a la alta tecnología y las que caen en el campo del terrorismo y el sicariato. Sería ideal que fuese así y poder compartir las expectativas que en este sentido abriga el Procurador General de la República.
Lo cierto, sin embargo, es que las experiencias acumuladas hasta ahora han sido bastantes negativas, con el mecanismo de extradición funcionando en una sola dirección: de aquí hacia los Estados Unidos. Acá no recibimos extraditados. Solo en extraño gesto de compensación, grupos numerosos de dominicanos deportados que han sido condenados por sus tribunales por una variada gama de graves delitos. Estos, en su mayoría, corresponden a expedientes de narcotráfico pero también de homicidios y participación en peligrosas bandas criminales.
Aunque no necesariamente se convertirán en reincidentes una vez de regreso al país, no existe evidencia de que hayan pasado y completado un proceso de rehabilitación y estén en disposición de reinsertarse en la sociedad como ciudadanos respetuosos de la ley, lo que obliga a una labor de seguimiento que no siempre resulta efectiva.
Años atrás, cuando el capo colombiano Pablo Escobar Gaviria comandaba el más poderoso cartel mundial de la droga, el tema de la extradición reclamada por los Estados Unidos, se convirtió en motivo de una prolongada y sangrienta guerra interna en el país sudamericano. Esta llevó al asesinato de autoridades policiales, fiscales, jueces, periodistas, congresistas y ministros, un candidato presidencial y otras figuras de gran relieve público e incluyó actos masivos de terrorismo.
La lucha de los extraditables para impedir la aprobación de la ley que los llevaría a enfrentar largas condenas, posiblemente de por vida, en cárceles estadounidenses, tal como luego ocurrió con algunos, llegó al insólito extremo de que el propio Escobar Gaviria ofreció pagar toda la deuda externa de Colombia a cambio de que no se aprobase Fue una demostración arrogante, además, de la enorme cantidad de recursos generados por el narcotráfico.
La percepción que se fijó entonces en la región y se asentó entre nosotros mismos, fue de que la extradición garantizaría que al ser juzgados por los tribunales estadounidenses, sin ceder a favoritismos, presiones ni compadrazgos, los capos de la droga y los jefes del crimen organizado serían condenados a largas penas de prisión. El país aplaudió cuando se accedió a la extradición de Quirino Paulino, ante la falta de confianza en nuestros tribunales.
Pero no ha ocurrido así, ni en su caso, ni en el de otros. Quirino regresó después de cumplir diez años sin que se conociera de su juicio público, que sufrió decenas de reenvíos bajo el alegato fiscal de que su expediente se encontraba en fase de investigación. Fue también la respuesta que recibieron siempre los periodistas que indagaron por el caso. Aquí, ahora, disfruta de gran parte de la fortuna que acumuló traficando grandes cantidades de droga a los Estados Unidos y que el arreglo a que llegó le permitió conservar. Toño Leña, juzgado en Puerto Rico, recibió su condena de cinco años y con sus bienes intactos con una festiva sonrisa de oreja a oreja. Son solo dos ejemplos.
La práctica prevaleciente en los Estados Unidos y por extensión en Puerto Rico, al menos en nuestro, es la de hacer convenios con las autoridades fiscales, que luego son validados por los jueces, intercambiando información por condenas mínimas, luego hasta reducidas por buena conducta en prisión y disfrute de los bienes malhabidos. La extradición a la que antes se le huía como el diablo a la cruz, es acogida ahora voluntariamente por los narcos locales como un premio, maná que cae del cielo.
¿Logrará cambiar tan paradójica manera de aplicar justicia con el nuevo tratado? Muchos no lo creen. Nosotros dudamos. Ojalá estar equivocados. El tiempo dirá.