SANTO DOMINGO. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este lunes la suspensión de los Registros de Proveedores del Estado (RPE) de 22 legisladores, incluyendo dos senadores y 20 diputados, electos para el periodo 2024-2028. Esta medida fue adoptada tras confirmar que dichos funcionarios incumplían el artículo 14 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, que establece una prohibición explícita para que los miembros del Poder Legislativo contraten con el Estado durante su mandato.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, subrayó que la suspensión de estos registros no constituye una sanción, sino una medida preventiva para evitar conflictos de interés y fortalecer la transparencia en el sistema de compras públicas de la República Dominicana.
“Este es un paso crucial para asegurar que los legisladores electos cumplan con las normativas vigentes y para garantizar que los procesos de contratación pública se lleven a cabo de manera imparcial y transparente”, afirmó Pimentel.
Detalles de la suspensión
La Resolución Núm. DGCP-DG-02-2024 detalla que los 22 legisladores involucrados mantienen una participación societaria superior al 10% en diversas empresas que hasta la fecha poseían el RPE, permitiéndoles suministrar bienes, obras y servicios a instituciones gubernamentales. Entre los afectados se encuentran tanto figuras de larga trayectoria en el Congreso Nacional como recién electos.
Listado de legisladores con RPE suspendidos:
- Alcibiades Tavarez De La Cruz, Diputado de San Pedro De Macorís, propietario del 78.50% de Ferretería Serie 23, SRL.
- Andres Guillermo Lama Pérez, Senador de Bahoruco, con un 50% de participación en Republic Equipment, SRL.
- Carlos Morillo Valdez, Diputado de San Juan, con un 33% en Suplidora de Alimentos Cahejo, SRL.
- Carmen Ligia Barceló González, Diputada de Hato Mayor, accionista del 33.30% en Factor Verde Multimedios, SRL.
- Dagoberto Rodríguez Adames, Senador de Independencia, con un 33.40% en Centro Médico Cristiano Ebenezer, SRL.
- Dellys Dumidia Feliz Rodríguez, Diputada de Santo Domingo, con un 40% en Inversiones Defel, SRL.
- Heidy Maria Musa Kunhardt, Diputada de Puerto Plata, con un 50% en Musavision, SRL.
- Ismael Reyes Cruz, Diputado Representante ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), con un 60% en Su Mundo Multimedios, SRL.
- Jose Antolin Polanco Rosa, Suplente Diputado Representante ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), con un 50.50% en Consorcio Agropecuario Polanco Rosa, SRL.
- Jose Antonio Fabian Beltré, Diputado de Monseñor Nouel, con un 22.50% en Instituto de Especialidades Médicas Monseñor Nouel S.A.
- Jose Manuel Caraballo Gómez, Diputado del Distrito Nacional, con un 33% en Voces Ciudadanas VC7, SRL.
- Kinsberly Taveras Duarte, Diputada de Santo Domingo, con un 65% en Colegio Dominico Chino CDC, SRL.
- Krimilda Acosta San Miguel, Diputada Representante ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), con un 65% en AK Medios Alternativos, SRL.
- Manuel De Jesus Núñez Guerrero, Diputado del Distrito Nacional, con un 50% en Dos Puntos de Vista, SRL.
- Nelsa Shoraya Suarez Ariza, Diputada de Santiago, con un 50% en Martínez & Suárez Vaciados, Servicios Múltiples, SRL.
- Oscar Adolfo Morel Figueroa, Diputado de Monte Plata, con un 60% en Elite Diverse Consulting, SRL.
- Elpidio Infante Galan, Diputado de La Vega, con participación en varias empresas, incluyendo Promotora Fox, SRL (78%) e Inmadel, SRL (50%).
- Charles Noel Mariotti Paz, Diputado del Distrito Nacional, con participación en varias empresas.
- Willy Enrique Sánchez González, Diputado de Peravia, con participación en empresas aún por confirmar.
- Fanny Selines Méndez Simono, Diputada del Distrito Nacional, con participación en empresas aún por confirmar.
- Hermes Evangelina Jose Méndez De Méndez, Diputada de Independencia, con participación en empresas aún por confirmar.
- Michelle Marie Ortiz López, Diputada Representante ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), con participación en empresas aún por confirmar.
Implicaciones legales y políticas
El artículo 14 de la Ley 340-06 es claro al señalar que los legisladores, tanto diputados como senadores, no pueden participar en contrataciones con el Estado durante su mandato y hasta seis meses después de cesar en sus funciones. Esta disposición busca prevenir cualquier posible uso indebido de influencia o recursos públicos en beneficio privado.
La suspensión de los RPE de estos legisladores pone en evidencia la necesidad de un mayor control y monitoreo en las prácticas de contratación pública, especialmente en relación con figuras políticas que podrían utilizar su posición para obtener ventajas indebidas.