SANTO DOMINGO.- La comercialización de la explotación sexual, es la modalidad más «aguda» de la trata de personas que presenta la República Dominicana, según señaló un estudio presentado este miércoles por el movimiento civil Participación Ciudadana.
Tahira Vargas, integrante del equipo de investigación de este estudio, afirmó que esta práctica es frecuente en los municipios de las zonas turísticas como Higüey, La Romana, Puerto Plata y Boca Chica, en esta última advirtió sobre «una fuerte concentración en la captación» de menores de edad para estos fines.
Participación Ciudadana indicó que la investigación plantea que «algunas familias en condiciones de pobreza o pobreza extrema ofertan a sus hijos e hijas en el comercio sexual» formando parte en la problemática y convirtiendo a los menores en víctimas.
Explican, además, que la trata de personas siempre ha estado presente en el país, pero de la pandemia surgieron algunos factores que aumentaron la vulnerabilidad de la población, principalmente de niñas y mujeres.
Los factores mencionados por la organización fueron limitantes para acceder a servicios públicos, la pérdida del trabajo o la reducción de horas laborables, lo que significa que los aspectos que afectan los ingresos de la familia son los que arrastran a los individuos a participar en este delito.
En este sentido, Leidy Blanco, coordinadora general del movimiento, manifestó que «la trata de personas es un tema que desnuda una dura realidad, de una problemática que está íntimamente ligada a la pobreza, a la mercantilización del ser humano, a la discriminación, desigualdad, marginación, la violencia y corrupción».
Denunciaron que la «débil judicialización» afecta la prevención y detección del delito y lo convierte en uno con una «alta impunidad y además permeada por la corrupción y la complicidad» de los tratantes con las autoridades que están llamadas a su persecución.
De acuerdo con el estudio sobre «Trata de Personas en la República Dominicana» la población migrante de países como Haití, Venezuela, Colombia y en un menor grado de Ecuador, también son víctimas de la explotación sexual, trabajo forzoso, mendicidad forzada, matrimonio servil y servidumbre doméstica.
La investigación se llevó a cabo en los municipios de Sosúa, San Felipe de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Boca Chica, Distrito Nacional, Higüey, La Romana y San Pedro de Macorís.
