Con la desactivación del paro, la FDC informó que el sector comercial se mantendrá a la espera de que el Congreso Nacional inicie sus sesiones ordinarias el próximo 28 de febrero, para que las modificaciones acordadas sean formalmente conocidas.
Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC).
Santo Domingo.– La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) anunció este jueves la suspensión del paro nacional de labores previsto para la primera semana de marzo, tras alcanzar un acuerdo preliminar con el Gobierno para introducir modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos (Ley 98-25), cuya aplicación había generado un amplio rechazo en el sector comercial.
Iván García, presidente de la FDC, calificó como “productiva” la reunión sostenida con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, en la que se acordó presentar, a partir de la próxima legislatura que inicia el 27 de febrero, una propuesta de modificación al artículo 36 de la normativa.
"Con esta reunión realizada ayer quedó desactivado a nivel nacional las preparaciones para ese paro a realizarse en la primera semana de marzo, eso quedó completamente desactivado", afirmó García al participar en la entrevista central de El Despertador.
El principal punto de fricción se centra en las tarifas establecidas para el manejo de residuos sólidos. García denunció que el artículo 36 contempla incrementos que oscilan entre un 200 % y un 500 % con relación a los montos actuales.
“Una empresa que pagaba RD$5,000 anuales ahora debe pagar RD$20,000 bajo estos nuevos parámetros”, ejemplificó el dirigente comercial.
La FDC alertó que la mayor carga de la ley recaería sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan el 98 % del tejido empresarial del país.
Según las estimaciones del gremio, de los RD$22,000 millones que se proyecta recaudar en 2025, cerca del 88.7 % (RD$13,200 millones) sería aportado por las MIPYMES.
Mientras que las grandes empresas contribuirían con alrededor de RD$1,800 millones, debido a que el tope de pago se alcanza sin importar si una empresa factura RD$100 millones o RD$25,000 millones anuales.
Otro de los aspectos cuestionados por los comerciantes es el destino de los fondos recaudados, los cuales no ingresarían a las arcas del Estado, sino a un fideicomiso, cuya administración —según García— favorecería a un reducido grupo de cuatro empresas, lo que podría derivar en un oligopolio en el manejo de los residuos sólidos.
Asimismo, criticó la figura jurídica de “contribución voluntaria obligatoria”, al señalar que, pese a no ser definida como un impuesto, su incumplimiento impide a los comerciantes obtener certificaciones de impuestos al día, afectando directamente su operatividad.