En el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicación Corripio, seis figuras destacadas de la sociedad civil que figuran entre los promotores de la recién creada Iniciativa por la Institucionalidad Democrática dejaron bien definidas las metas que persiguen y el derecho que les asiste de reclamarla a la clase política. Pero al mismo tiempo, hacen constar de manera diáfana que en modo alguno pretenden suplantar ni el papel de los partidos, ni mucho menos las facultades atribuidas a los órganos del Estado. Ha sido oportuna la aclaración.
Servio Tulio Castaños, Amelia Vicini, Rafael Blanco Canto, Antonio Taveras Guzmán, Rafael Paz y Roque Féliz, en representación el primero de la Fundación Institucionalidad y Justicia y los restantes de distintos sectores empresariales, fueron precisos en sus pronunciamientos y las razones que los impulsaron para dar vida a la Iniciativa.
Blanco Canto, quien preside la cúpula del empresariado dominicano, fue el más explícito y categórico al expresar que “sin un estado de derecho no es posible conseguir la paz social”, a su vez, sin esta, complementó, queda vedado el camino del desarrollo. Le sobra razón. Pero, al mismo tiempo, reconoció que corresponde al Congreso y al Consejo Nacional de la Magistratura la selección de los integrantes de los distintos órganos del Estado, una facultad que les está reservada por mandato constitucional, aunque agregando lo deseable que sería que el ejercicio de la misma se mantenga apegada a la institucionalidad.
Para la cara visible y vocero de la FINJUS, el abogado Servio Tulio Castaños, a la ciudadanía le asiste el derecho de reclamarle al poder político. Es una verdad incuestionable. El desempeño de este no es un ejercicio omnímodo de poder; actúa por delegación y voluntad de los ciudadanos. La soberanía reside en estos. Y les corresponde fiscalizar las actuaciones de los funcionarios y a estos la obligación de rendirles cuentas. En nuestro todavía bisoño e imperfecto sistema democrático, no
siempre los órganos de control, como advierte, han funcionado de forma eficiente. Superar fallas y lagunas en este sentido, es asignatura pendiente.
Con el tema del próximo presupuesto, Blanco Canto advierte la necesidad de que en el mismo se le asigne al Poder Judicial la proporción que le corresponde por ley; esto es un 2.66 por ciento del total de los ingresos del Estado. Un esfuerzo realmente serio y sostenido por contribuir a la seguridad ciudadana, combatir y sancionar la corrupción y disponer de una justicia más eficiente, requiere que esta deje de seguir siendo el pariente pobre, la Cenicienta, a la hora de asignar los recursos del Estado.
Y una aclaración al margen, pero en un tema de suma importancia. El presidente del CONEP rechaza de manera enfática que en las discusiones del pacto eléctrico, los empresarios estén planteando un aumento de tarifa. Su propuesta por el contrario, es que se reduzca el costo de la energía para los consumidores de más de setecientos kilovatios mensuales y que se transparente el todavía elevado subsidio que el gobierno entrega a favor de los sectores pobres de la población, de tal manera que los beneficiarios se correspondan con esta condición. De igual modo, agregamos, aplicar las sanciones de ley a quienes se roban la luz, una ilegalidad que compromete a no pocos usuarios de gran consumo y que constituye un delito como otro cualquiera.
Ha sido la comparecencia de los participantes en el importante foro que constituye el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicación Corripio, precisa y definidora sobre el derecho que asiste a la sociedad de exigir transparencia y cumplimiento de sus obligaciones a las instancias que componen el aparato estatal, al tiempo del que corresponde a estas de ejercer a plenitud sus funciones constitucionales de manera exclusiva pero no excluyente.