Trajano Potentini.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) condenó el incumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de los poderes públicos que mantienen a la República Dominicana en un limbo jurídico en las áreas más sensibles de la vida institucional del país.
La entidad citó por ejemplo en materia electoral el país todavía no cuenta con el Tribunal Superior Electoral, generándose un vacío constitucional en materia contencioso electoral en franca y abierta violación a la disposición transitoria séptima de la constitución.
Asimismo es notorio y de gran preocupación para la FJT el desconocimiento y violación continua de la constitución en la integración y funcionamiento de los Consejos del Poder Judicial, y el Superior del Ministerio Público, en razón de que el texto constitucional en sus disposiciones transitorias, hace mandatorio la integración de los mismos en un plazo de 6 meses contados a partir de la proclamación de la constitución el pasado 26 de enero vencido desde el pasado 26 de julio.
El presidente de la FJT, Trajano Potentini, explicó que está inobservancia traería consigo la posibilidad de cuestionamientos sobre las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio Público en lo relativo a las funciones y facultades propias de esos órganos, incurriendo inclusive en actos y acciones inconstitucionales.
Potentini demandó de las cámaras legislativas avocarse con rango prioritario al conocimiento y aprobación de las urgentes y necesarias leyes orgánicas para dar cumplimiento al mandato constitucional, procurando la participación y consenso de los diferentes sectores sociales, con la prudencia y el tacto que suponen estos textos para la vida institucional del país.
De igual forma deploró el tranque producido en la aprobación de la ley del Tribunal Constitucional y la renuencia de la clase política a discutir y consensuar el tema que proyecta inminentemente a una eventual inconstitucionalidad el próximo 26 de enero plazo fatal para la integración del tribunal.
También es de gran preocupación para la FJT la inconstitucionalidad por omisión del Poder Ejecutivo manifiesta en la inercia en la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para la evaluación y cambio de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y eventualmente de los otros nombramientos conforme las facultades de este importante órgano constitucional.
