SANTO DOMINGO.- De acuerdo con el testimonio del exadministrador de la Procuraduría General de la República, Jonathan Rodríguez Imbert, los fondos de los sobornos que Jean Alain Rodríguez y Rafael Canó le ordenaron cobrar durante la construcción de la cárcel Las Parras, fueron utilizados en el movimiento político Renovación.
Jonathan Rodríguez Imbert dijo, en su defensa, que como administrador de la Procuraduría General de la República recibió instrucciones de mis superiores Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez, “yo no tenía potestad alguna de tomar decisiones porque tenían todo centralizado, y de eso pueden dar testimonio los demás empleados y hasta los fiscales”.
“Esos sobornos fueron trasladados directamente a sus casas y oficinas y también se usaron para respaldar el movimiento político Renovación”, dijo.
Rodríguez Imbert reveló que durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, el procurador directamente y Rafael Canó le ordenaron cobrar sobornos y otras acciones durante la construcción de la cárcel Las Parras.
Entre las otras acciones ilegales que según él, le ordenaron realizar Rodríguez y Canó, era la revisión de los sobres durante las licitaciones y de los distintos oferentes para así elegir a los que ellos ordenaban.
Además, dijo, que le ordenaron comprar boletos aéreos, pruebas de ADN, y otros artículos sin pasar por licitación.
Jonathan Rodríguez Imbert declaró este martes que tanto Jean Alain como Canó le pidieron “recoger el porciento acordado de las obras y alimentos para luego entregárselos en sus oficinas o casas, mientras que otros se le entregaba directamente a ellos.”
Indicó que todas las acciones que cometió las hacía por órdenes directas de Jean Alain Rodríguez .
“En mis puesto como administrador de la Procuraduría General de la República recibí instrucciones de mis superiores Rafael Canó y Jean Alain Rodríguez, yo no tenía potestad alguna de tomar decisiones porque tenían todo centralizado, y de eso pueden dar testimonio los demás empleados y hasta los fiscales”, dijo.
En su expediente acusatorio el Ministerio Público señala que La Procuraduría General de la República desvió fondos institucionales para actividades políticas de Gonzalo Castillo, tanto en su faceta de precandidato como de posterior candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, según el Ministerio Público.