El
presidente Luis Abinader ha asumido un gran compromiso frente al país y sus
instituciones al dar seguridad, en el inicio de su gestión, de que “no habrá
impunidad para la corrupción del pasado ni del futuro”.
En
realidad no es una postura nueva, porque ese tema había sido uno de las
banderas que había enarbolado como parte de su oferta electoral durante la
campaña, pero ahora tiene otro carácter y crea muchas expectativas.
El
hecho de que haya nombrado como Procuradora general de la República a Miriam
Germán Brito, una magistrada que goza de gran reputación y credibilidad en la
opinión pública, es un paso en esa dirección, pero es una tarea titánica que
requiere mucho coraje y energía.
Durante
décadas y a pesar de todas las promesas y declaraciones de intenciones, la
lucha contra la corrupción administrativa, en gran medida culpable de nuestras
debilidades y miserias humanas, en la práctica no ha dejado de ser un objetivo
incumplido con muchas frustraciones en el camino.
Ahora,
Abinader tiene la oportunidad histórica de impulsar un cambio que restaure la
confianza de los ciudadanos en la verdadera intención y voluntad de combatir
ese flagelo desde el mismo Estado, por encima de conveniencias grupales o
partidarias.
Son
muchos los intereses y presiones que han influido en décadas para que la lucha
anticorrupción haya sido fallida en el país y en este momento no hay razones
para pensar que será diferente, salvo el cambio de actitud que promete el nuevo
estadista, un compromiso del que deberán ser compromisarios sus funcionarios y
el recién instalado Congreso.
La
designación de la exfiscal del Distrito Nacional, Yenni Berenice Rosario como
procuradora Adjunta es otro paso importante dentro del plantemiento de Abinader
de que se pueda contar, por primera vez en el país, con una Procuraduría
general que pueda actuar sin ataduras y de forma totalmente independiente.
Como
esta independencia no está aún consagrada por mandato constitucional y de
elección por voto directo, como ocurre en otras naciones del continente, la
real independencia dependerá de la forma en que actúen ambas magistradas frente
a los serios retos que enfrentarán en un país donde aún prevalecen muchas
debilidades institucionales.
Para
dar seguridad al país de que a partir de ahora el Ejecutivo no influirá en las
decisiones de la Procuraduría, Abinader ha dicho públicamente a ambas
magistradas que pueden actuar con entera libertad, sólo siguiendo los
lineamientos de la Constitución y de las leyes y los dictados de sus
conciencias, agregamos nosotros.
Todo
esto ha abierto grandes expectativas y sólo el tiempo, las medidas y la
realidad determinarán si realmente nos encaminamos a una lucha efectiva contra
la corrupción y a los malos manejos administrativos con los recursos del abusado
Estado dominicano.
