Las declaraciones de intenciones, al igual que las denuncias de anomalías, logran siempre copar la atención de los medios de comunicación, pero se disipan y tienden a tornarse frustratorias cuando se quedan en palabras sin la aplicación de un sistema de consecuencias que tenga como base la justicia y la aplicación de la ley.
Esto y no otra cosa es lo que se espera ante la avalancha de afirmaciones de que se aplicarán sanciones a los funcionarios del pasado gobierno y a los nuevos incumbentes que no hayan depositado sus declaraciones juradas de bienes tras asumir funciones en el tren administrativo del Estado.
Si de verdad estamos en el inicio de un proceso serio y drástico de adecentamiento del ejercicio público en el país, la opinión pública y los ciudadanos en general necesitan conocer los nombres de los funcionarios que violaron la normativa que exige declarar el patrimonio a la entrada y la salida de la administración pública.
No hay que ser un experto en la materia ni tampoco un agudo investigador para intuir, sobre base atendible, que quienes hayan actuado de esa manera, algo tienen que ocultar y, por tanto, deberán ser investigados y enjuiciados conforme a las situaciones establecidas en cada caso.
El país está cansado ya de que se hagan anuncios y que no pase nada, que todo siga igual sin la aplicación del principio básico de que la ley es igual para todos y que nadie, absolutamente nadie, puede ampararse en la impunidad para acogerse a un sistema de excepción cuando se ha incurrido en un delito.
La encargada de Etica Gubernamental, la exvicepresidenta de la República Milagros Ortiz Bosch, tiene en su poder documentos y grabaciones en torno a un sonado escándalo sobre la supuesta de venta de puestos de trabajo en el Ministerio de Salud Pública y la gente quiere saber en qué parará ese caso.
Hasta ahora las actuales autoridades han admitido la existencia de sólo un posible inculpado, pero el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, sostiene que los culpables de ese tráfico delictivo constituyen un grupo mafioso, o sea que la responsabilidad no recae en una única persona.
Es de esperar que las investigaciones no tarden años y que se pueda establecer, sin error o duda alguna, los autores de esta grave anomalía, que deberán rendir cuentas en el banquillo de los acusados y ser juzgados conforme a las pruebas que puedan ser recopiladas.
En cuanto a quienes no depositaron sus declaraciones, debería ser la Cámara de Cuentas quien dé el primer paso para iniciar procesos a quienes incumplieron con la normativa. De esta manera no se limitaría, como de hecho ha ocurrido durante mucho tiempo, a recibir las declaraciones en un simple acto burocrático y administrativo, un requisito sin mayor seriedad y rigor.
El país está muy pendiente a los pasos reales que se darán para lograr transparencia desde el Estado y es de esperarse que la ley se aplique por igual y sin excepción alguna, a todos los funcionarios, los de la pasada administración y los que se inician en la actual gestión.
