Mercedes describió como devastador el inicio del año sin los integrantes del colectivo fallecidos, indicando que solo del municipio de Haina murieron más de 30 personas, entre ellas 12 miembros de los Haineros Dorados.
Santo Domingo.– En medio del inicio de la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro nocturno Jet Set, familiares y miembros del colectivo Haineros Dorados se apostaron este lunes en las afueras del Palacio de Justicia del Distrito Nacional para exigir justicia.
Entre los manifestantes se encontraba Juan Antonio Mercedes, quien aseguró que su presencia responde al reclamo de que el caso no quede en la impunidad, al tiempo que recordó las secuelas humanas que dejó el colapso del establecimiento, ocurrido el 8 de abril de 2024.
“Estamos aquí haciendo uso de presencia, pidiendo justicia, que esto no quede impune, porque quedaron muchos niños huérfanos que hoy no saben quién les va a pagar sus estudios ni quién los va a alimentar”, expresó Mercedes.
Mercedes señaló que muchos de los familiares afectados son adultos mayores, sin posibilidades de asumir la manutención de los niños que quedaron huérfanos tras la tragedia.
Mercedes describió como devastador el inicio del año sin los integrantes del colectivo fallecidos, indicando que solo del municipio de Haina murieron más de 30 personas, entre ellas 12 miembros de los Haineros Dorados.
“Fue una pérdida irreparable para nosotros. De Haina solamente fueron treinta y pico, y de los Dorados de Haina, 12 compañeros”, afirmó visiblemente afectado.
El declarante también recordó a Luis Guillén, líder del colectivo, a quien definió como un trabajador incansable e inspiración para sus compañeros.
Las declaraciones se producen mientras el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conoce la audiencia preliminar contra los hermanos Espaillat, proceso que definirá si el caso es enviado a juicio de fondo por la tragedia que dejó 236 personas fallecidas.
A nueve meses del colapso del Jet Set, los reclamos de justicia se mantienen vivos fuera de los tribunales, mientras las víctimas indirectas, familias, huérfanos y sobrevivientes, continúan esperando respuestas y responsabilidades penales.