La situación en Haití en vez de mejorar va de mal para peor.
Los disturbios continúan y se incrementan en vez de aplacarse. Manifestantes airados, cada vez en mayor número, copan las vías públicas, muchos armados de palos y machetes. Queman neumáticos y obligan al cierre de establecimientos. Malhechores y oportunistas confundidos con la muchedumbre aprovechan para saquear comercios y cometer otros actos de vandalismo. Y se suceden los enfrentamientos con la fuerza pública, que cada día suman nuevas víctimas fatales como saldo sangriento de la protesta.
El reclamo del destino de los fondos de PETROCARIBE fue el detonante que dio inicio a la ola de protestas y la demanda de que los presuntos responsables fuesen sometidos a la justicia. En la lista de involucrados figuran ministros del actual gobierno y miembros del gabinete de su predecesor, Michel Martelly, enemigo declarado de la República Dominicana, y de cuya mano llegó al poder su patrocinado y actual mandatario Jovenel Moise.
La suma involucrada en los alegados desvíos y sobrecostos en obras es astronómica. Más de 3 mil 850 millones de dólares, que cobra mucho mayor significación en el caso de Haití, el país más pobre del continente y que figura entre los más pobres del mundo. El índice acusatorio apunta también al propio mandatario al que demandan ponerse a disposición de la justicia.
Pero ahora la protesta ha adquirido graves connotaciones políticas con el reclamo de la renuncia del presidente Moise, cuya residencia fue apedreada en el curso de la protestas. La crisis de orden público conlleva quebrantar la frágil estructura institucional del país, que muchos consideran como “estado fallido.”
La situación prevaleciente al otro lado de la isla, ha obligado a reforzar la línea fronteriza que nos separa de Haití, en extremo porosa y fácil de violar. Nuevos contingentes de tropas, ahora de los cuerpos élites, han sido enviados como refuerzo. Y equipos móviles, armas pesadas y drones. No se ha dado a conocer el monto que representa para el país todo este intenso y masivo desplazamiento bélico. Pero sin duda se trata de un cifra muy elevada. De hecho, la vigilancia fronteriza ha sido un costo que hemos debido soportar en mucha mayor medida que Haití.
De particular y especial atención la divulgada fuga de 78 presos de una cárcel del sur de Haití. Lógico prever que mas de uno habrá pensado evadir la persecución en su contra, tratando de pasar a este lado de la isla. Con mayor razón tomando en cuenta la sabida frecuencia y facilidad con que la vigilancia es evadida, o en no pocos casos, sobornada, tanto el paso de ilegales como de mercancías, drogas, armas y vehículos y artículos robados en ambas direcciones.
Oportuno recordar que cuando el catastrófico seísmo que en el 2010 arrasó a Puerto Príncipe, hubo una fuga masiva de presos. Nunca se informó cuantos eran, cuantos fueron reapresados y cuantos continúan evadidos. No es de extrañar que algunos hayan encontrado refugio aquí con identidades suplantadas, dada la facilidad con que se obtienen documentos falsificados, desde actas de nacimiento y cédulas hasta licencias de conducción, pasaportes y hasta visas.
Lamentablemente un hecho inevitable dada la obligada vecindad, todo lo que ocurre en Haití repercute aquí. Y esas permanentes condiciones de extrema pobreza, marginalidad e inestabilidad política que constituyen el pan nuestro de cada día en la turbulenta existencia del pueblo haitiano, nos impone mantenernos en continua vigilia y estado de alerta ante posibles consecuencias que pudieran desbordar todos los límites de contención y poner en riesgo nuestra propia estabilidad.
No se trata de una clarinada alarmista, sino un simple llamado a elemental prudencia.