REDACCIÓN.- Será hasta mañana miércoles a la una de la tarde, el plazo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), para depositar la acusación en contra del mayor general Adán Cáceres y los demás implicados en el Caso Coral.
El plazo otorgado tras la intimación que hizo el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de que la Pepca dejara vencer el plazo de dos meses que le habían otorgado para completar dicha investigación.
Según las informaciones, de no presentar acto inclusivo en el tiempo establecido por el tribunal, la acción penal podría declararse extinguida.
“Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días. Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, dice el artículo 151 de Código Procesal Penal.
De su lado, los representantes del Ministerio Público han dicho que depositarán en el tiempo establecido.
Asimismo, justifican que la magnitud y calidad de la investigación requiere de tiempo, pero que presentarán una acusación contundente en la que incluirán a todos los involucrados.
Este plazo es debido a que según la normativa penal si concluido el plazo de investigación el Ministerio Público no presenta acusación u otro requerimiento conclusivo, conforme el artículo 151 del Código Procesal Penal, existirían otros 10 días adicionales a su disposición y estos se vencen mañana miércoles cuatro de mayo.
Se recuerda que en febrero pasado un juez había otorgado un plazo de dos meses al órgano acusador para presentar el acto conclusivo y la nueva fecha quedó fijada para el 18 de abril antes de las 12:00 de la noche.
En mayo del 2021 el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la justicia a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del sargento Montero Cruz, así como del mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, y el coronel policial Rafael Núñez de Aza.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
