Resumen del caso Senasa proceso con información precisa sobre hechos y la investigación en curso.
La cronología del proceso caso Senasa muestra avances en la investigación y medidas tomadas por el MP.
Santo Domingo.– Lo que inició como denuncias políticas sobre una supuesta crisis administrativa en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) derivó, meses después, en un proceso judicial de gran envergadura que hoy mantiene a su exdirector, Santiago Hazim, y a otros seis imputados en prisión preventiva, mientras la Corte de Apelación del Distrito Nacional conoce recursos que buscan anular o variar las medidas impuestas.
El 25 de junio, el partido Fuerza del Pueblo denunció públicamente que Senasa atravesaba una grave crisis administrativa y gerencial, asegurando que el seguro de los dominicanos se encontraba prácticamente quebrado.
Cinco días después, el 30 de junio, el presidente Luis Abinader rechazó esas afirmaciones, negó que Senasa estuviera en déficit y acusó a sectores de la oposición de intentar desacreditar los avances de la institución.
El 2 de julio, el Colegio Médico Dominicano (CMD) se sumó a las alertas al denunciar atrasos en los pagos a médicos y centros privados desde septiembre de 2024, lo que elevó la presión sobre la administración del seguro estatal.
El 4 de julio, Senasa suspendió temporalmente la entrega a domicilio de medicamentos. Ese mismo día, la exdirectora Alma Bobadilla solicitó una auditoría integral a la institución.
Un día después, el 5 de julio, el expresidente Leonel Fernández respaldó públicamente la auditoría de la Cámara de Cuentas, mientras que el 6 de julio, el exmandatario Danilo Medina lamentó la situación y pidió una intervención urgente.
El 8 de julio, el Ministerio Público lanzó una operación anticorrupción que incluyó contratos de Senasa, el Inaipi y Edes. Ese mismo día, la Cámara de Cuentas confirmó la realización de dos auditorías en la ARS estatal.
El 10 de julio, Santiago Hazim defendió su gestión, alegando crecimiento institucional y un incremento del 248 % en la inversión en salud durante su administración.
El 13 de agosto, Hazim —designado director el 24 de agosto de 2020— fue destituido tras denuncias de irregularidades administrativas.
Dos días después, el 15 de agosto, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló un contrato directo con Farmacard, al alegar violaciones a la Ley 340-06 y falta de transparencia.
El 17 de agosto, el presidente Abinader designó a Edward Guzmán Padilla como nuevo titular de Senasa y a José Luis López Pérez como director de Promese/Cal.
El 8 de septiembre, Abinader confirmó que el Ministerio Público investigaba posibles delitos en Senasa, mientras el Grupo Read defendió más de dos millones de atenciones auditadas.
Un día después, el 9 de septiembre, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó una asignación extraordinaria de RD$6,000 millones para Senasa, en medio de las indagatorias.
El 13 de septiembre, el Gobierno entregó a la Procuraduría un informe con hallazgos graves. Un día después, la DGCP aclaró que los contratos entre Senasa y los PSS se rigen por la Ley 87-01.
El 16 de septiembre, la Pepca solicitó a la periodista Nuria Piera material de su investigación televisiva, mientras el exdirector Chanel Rosa Chupany denunció la existencia de dos contabilidades dentro de Senasa.
El 6 de diciembre, Santiago Hazim compareció ante el Ministerio Público junto a otras siete personas y fue dejado bajo arresto.
Posteriormente, el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva contra Hazim y otros seis imputados, declaró el proceso complejo y fijó revisión obligatoria para el 11 de marzo.
Aunque la resolución ordenaba el envío a Najayo Hombres, los imputados fueron trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, lo que generó fuertes críticas de la defensa, que calificó la medida como irregular y violatoria de derechos.
Este martes, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerá los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El Ministerio Público sostiene que dentro de Senasa operó durante cuatro años una estructura criminal que desvió fondos públicos mediante falsificación de documentos, manipulación de procesos y alteración de estados financieros, y anunció una segunda fase del proceso, denominada “Caso Senasa 2.0”.