El gobierno defiende la Operación Cobra como muestra de compromiso con la transparencia y rechazo a la impunidad.
La reciente revelación del Ministerio Público de que el exdirector del SeNaSa adjudicó contratos millonarios a allegados vinculados a campañas electorales ha desatado una ola de cuestionamientos.
Se alega que esos sobornos y recursos ilícitos beneficiaron al PRM y por ello opositores reclaman que se investigue en profundidad cualquier vínculo directo con el partido de gobierno.
El caso SeNaSa se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate público, y el Congreso tampoco ha quedado al margen.
Desde los sectores opositores y de la sociedad civil se ha exigido que la Procuraduría General de la República y la justicia actúen con celeridad e imparcialidad, para esclarecer si esos recursos fluyeron hacia dirigentes o estructuras del PRM.
En el oficialismo insisten en defender que la apertura de la investigación y la judicialización del caso, bajo la llamada Operación Cobra, demuestra un compromiso del gobierno con la transparencia y un rechazo a la impunidad.
La acusación también sostiene que se incluían prestadores que pagaban sobornos para ingresar a la red de SeNaSa, creando un esquema ilícito desde la propia dirección.
Exigen que la investigación de SeNaSa avance hacia una auditoría completa y la recuperación de los fondos desviados.