“Examen único de competencias”: Otro paso hacia la privatización y elitización de los servicios de salud
El proyecto de ley -aprobado despóticamente, sin consultar a la UASD y demás universidades, y sin debatir en la sociedad- que persigue establecer el Examen Único de Competencias para el Ejercicio de la Medicina como condición para el EXEQUATOR o autorización para optar por las plazas de residencias médicas y especializaciones, es a todas luces inaceptable.
La calidad no se mide ni se logra con un examen único
Es injusto medir toda una formación y una aptitud profesional en un solo examen (con tope mínimo de 75 puntos), precisamente cuando la pedagogía de avanzada recomienda otros métodos para evaluar los conocimientos asimilados por los/as educandos/as.
Las aptitudes humanas para afrontar las exigencias de un examen único, además de ser influíbles y alterables por circunstancias pasajeras, no son similares ni siquiera entre los/as alumnos/as bien preparados. Esa es una manera de simplificar un problema complejo, generando discriminaciones, injusticias y elitismo.
Usar sus resultados para autorizar o no el ejercicio privilegiado de una profesión después de cursada -además de arbitrario- conlleva establecer mediante una evaluación incompleta dos categorías permanentes de médicos: una con derechos plenos y otra confinada a servicios indebidamente menospreciado y destinados a una población considerada “inferior”.
El serio problema de la formación idónea de los profesionales de la salud no es cuestión a definir y superar con una simple prueba, sino mediante procesos formativos de calidad en todos los niveles (primarios, secundarios, de grado y postgrado), con currículos y métodos adecuados y calidad profesoral; procesos que tiendan a la vez a superar la educación como negocio, a garantizar socializaciones imprescindibles, a incrementar presupuestos e impulsar transformaciones profundas en todo el sistema público, incluida la propia UASD.
Esa ley, por el contrario, establecería una discriminación profunda y permanente entre los que recibirían el exequátur al “pasar” el examen y los/as que se le niegue por no aprobarlo.
Elitismo y discriminación
Resalta la visión elitista de esa propuesta en tanto el destino asignado a los/as egresados/as que no pasen ese “examen único” es trabajar en los servicios públicos de atención primaria frecuentados fundamentalmente por la población empobrecida; lo que equivale a imponer que los/as “menos preparados/as” vayan a atender a los/as más los pobres, desde un status profesional supuestamente “inferior” y peor pagado.
A su vez los/as clasificados/as en un examen que no estaría bajo el obligado control de la academia, si no administrado por un ministerio clientelista (que ha manejado las becas de la peor manera), tendrán derecho a especializarse y ocupar a las mejores posiciones en el Estado, en el sector privado y en centros públicos privatizados o semi-privatizados bajo la denominación de hospitales auto-gestionados; mientras los/as nacionales de otros países, con solo pasar el examen, pueden ser importados por negociantes criollos y extranjeros del sector salud, sin revalidación académica.
Esa ley, además, suprime la reválida como proceso y despoja a la UASD de su rol histórico en ese aspecto y en el control académico de ese tipo exámenes; traspasándoselos a un ministerio de educación superior que no es más simple ente regulador plagado de privilegios pro-peledeístas y proclive a concesiones indebidas al negocio privado.
Todo esto nos remite a la necesidad de enfrentar el creciente problema de la salud como negocio y el nefasto rol del capital privado dirigido a ofertar salud cara a los que pueden pagarla y pésimos servicios al pueblo empobrecido; nos remite a impugnar la progresiva privatización de los centros estatales de más calidad, a oponernos a que la medicina de calidad se destine fundamentalmente a las elites sociales y a segmentos reducidos de la sociedad; a rechazar el cruel y voluminoso negocio de las parasitarias ARS, las escandalosas discriminaciones en materia de seguridad social y acceso a servicios médicos y medicamentos; a denunciar las estafas, la degradación ética, la corrupción y el clientelismo que arropa las administraciones hospitalarias del sector público y no pocos centros privados y a combatir sin tregua las más variadas formas de engaño en un escenario tan vital.
Este deprimente cuadro general se vincula a este cuestionable proyecto de ley, iniciativa mañosa de diputados/as del sector médico más reaccionario del PLD, a todas luces comprometido con esa visión comercial de la salud y conectado a intereses particulares de universidades privadas y de ciertos negocios médicos; por lo que llámanos a la familia uasdiana, -Faprouasd, Asodemu, Fed, Felabel y demás grupos estudiantiles incluidos- a enfrentar juntos esta nueva amenaza y a comprometernos colectivamente con la lucha por nuevos modelos de salud y educación, en los que predomine el interés social. Se impone, pues, la unidad de los/as que rechazamos la educación y la salud como negocios, de quienes impugnamos las privatizaciones propias de corte neoliberal´
Urge, por tanto, cerrarle el paso a esa ley, demandar el cambio de este abigarrado yfallido sistema nacional de salud por un modelo universal que garantice gratuidad y calidad para todos/as los usuarios/as. Urge exigir el 5% del PBI para salud conjuntamente con esa transformación integral del modelo a fin de evitar su mal uso como acontece con el 4% destinado a la educación. Urge también demandar el 5% del presupuesto para la UASD y crear un gran movimiento a favor de cambios profundos en el sistema educativo nacional, a fin de ofrecer, igual que el campo de la salud, educación gratuita y de calidad al pueblo dominicano.