Tribunal dice que Alexis Medina pasó de negociante de “mala reputación” a tener una gran fortuna
Además de Juan Alexis Medina, el proceso incluye a exfuncionarios y testaferros involucrados en la red de corrupción.
Santo Domingo.– El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional estableció en su sentencia del Caso Antipulpo que Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado, no contaba con trayectoria empresarial legítima.
Según la investigación, Medina había llevado a la quiebra los pocos emprendimientos que inició y acumulaba antecedentes por la emisión de cheques sin provisión de fondos, lo que lo ubicaba como un negociante de mala reputación.
“Es evidente que su ascenso económico después de ser un pequeño negociante, con mala reputación y algunos procesos judiciales por emisión de cheques sin provisión de fondos, fue posible gracias a que, por acciones y omisiones del principal ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez, se crearon las condiciones para construir un entramado societario”, indica la sentencia.
El tribunal determinó que el notable incremento de su patrimonio no respondía a actividades comerciales reales, sino al crecimiento ilícito de la estructura criminal en la que operaba como gerente.
La sentencia señala que dicho ascenso económico fue posible debido a las condiciones creadas por acciones y omisiones del entonces presidente Danilo Medina, que facilitaron la construcción de un entramado societario con impacto negativo en los indicadores de desarrollo del país.
- Sobre Alexis Medina, el Ministerio Público estableció que el acusado, valiéndose de diferentes empresas en violación a la Ley 340, obtuvo innumerables contratos, los hechos tienen impacto en el Ministerio de Salud Pública con los medicamentos de alto costo, equipamiento de los hospitales, en el Ministerio de Obras Públicas con el material asfaltico, y la participación de las compras en EdeEste.
En la Policía Nacional con combustible por más de 220 millones de los que no entregó un aproximado de 32 millones.
Este entramado de corrupción habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones, utilizando una red de empresas vinculadas a los principales imputados.
¿Quiénes son los implicados en el entramado de corrupción?
El proceso se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien se le acusa de utilizar su influencia como hermano del expresidente Danilo Medina para organizar un entramado societario que desviaba fondos del Estado dominicano mediante empresas interpuestas en los procesos de compras.
Las empresas se beneficiaban de contratos fraudulentos
Estas empresas se beneficiaban de contratos fraudulentos obtenidos gracias a su posición de poder.
Así como contra Carmen Magalys Medina Sánchez, quien en su calidad de vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), habría facilitado procesos de compras simulados en beneficio de las empresas vinculadas al entramado liderado por su hermano.
Por su parte, Fernando Manuel Rosa Rosa, expresidente del Fonper, presuntamente utilizó los recursos de la institución para fines proselitistas, incluyendo la construcción de viviendas destinadas a campañas políticas.
El exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, está acusado de participar en la adjudicación irregular de contratos a empresas vinculadas al entramado, permitiendo el desvío de fondos públicos.
Rafael Antonio Germosén Andújar, como excontralor general de la República, presuntamente facilitó y encubrió las operaciones fraudulentas, impidiendo que fueran detectadas por los controles internos.
Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, exdirector de Fiscalización de la Oisoe, es señalado por aprobar y supervisar obras con sobrevaluaciones y pagos irregulares en beneficio de las empresas del entramado.
José Dolores Santana Carmona es acusado de ser uno de los principales testaferros, prestando su nombre para la creación de empresas ficticias que canalizaban los fondos desviados.
De manera similar, Wacal Bernabé Méndez Pineda está acusado de participar en la falsificación de documentos y la creación de empresas fantasmas para simular competencias en licitaciones públicas. Libni Arodi Valenzuela Matos habría participado en la elaboración de documentos falsos y gestionado empresas de carpeta que desviaban recursos hacia los líderes del entramado.
Paola Mercedes Molina Suazo es acusada de ser intermediaria en las transacciones financieras del entramado, facilitando el movimiento y lavado de fondos ilícitos.
Carlos Martín Montes de Oca Vásquez, por su parte, habría creado y administrado empresas ficticias, mientras que Víctor Encarnación Matías Montero está imputado por colaborar en la logística de los fraudes, incluyendo la coordinación de entregas y servicios ficticios.
Francisco Ramón Brea Morel (Johnny Brea) habría falsificado documentos relacionados con la entrega de materiales como el AC-30 para justificar pagos millonarios por servicios no realizados. Rigoberto Alcántara, Carlos Alarcón Veras y Lina Ercilia de la Cruz están imputados por la administración y creación de empresas utilizadas para justificar los contratos fraudulentos.
Finalmente, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino, José Miguel Genao, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa son señalados por facilitar la creación de empresas y estructuras financieras para el blanqueo de capitales, permitiendo que los recursos desviados llegaran a los líderes del entramado sin levantar sospechas.