Ha sido sensata la decisión del Ejecutivo de excluir la creación del Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales del proyecto de ley mediante el cual se dispone la eliminación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
El anuncio hecho por el Consultor Jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal, tiende a disipar los temores externados por los dirigentes de los sectores sindicales de que la creación de dicho Instituto tenía como fin encubierto por parte del empresariado y el propio gobierno eliminar el derecho de indemnización en caso de cesantía, representado por el pago de las prestaciones, que califican de conquista irrenunciable.
Fue ese precisamente el motivo alegado por la representación de los trabajadores para abandonar la mesa de diálogo formada para discutir los cambios requeridos para la necesaria actualización del ya obsoleto Código de Trabajo. De esperar que con el anuncio del Consultor Jurídico quede allanado el camino para volver de nuevo al proceso de su inaplazable revisión y modificación.
No es la misma situación que se produce en cambio ante el reclamo de algunos sindicalistas de que se mantenga con vida el costoso e ineficiente Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Minado por la corrupción y el clientelismo su acta de defunción debió haberse extendido mucho antes. En cambio, la injustificada vida artificial de que gozó todos estos años le costó al erario más de 30 mil millones de pesos que pudieron haber tenido un destino mucho más provechoso. Tratar de alargar su existencia carece de toda justificación.
Si la preocupación es por el destino de quienes laboran en el mismo, ya el presidente Medina en su discurso del pasado 27 de febrero en que adelantó la decisión de eliminar el IDSS, prometió que ese personal sería reubicado. Lo que procede es tomarle la palabra y reclamar su cumplimiento.
Si por los más de cien mil expedientes de pensión acumulados, muchos de los cuales tienen cinco, seis y más años pendientes de solución, no es necesario en absoluto para darles salida mantener con vida el organismo cuya ineficiencia es sobradamente notoria bastando con especializar una oficina con personal calificado para ese fin.
Como tampoco sirve de excusa el hecho de que tenga acumulados miles de millones de pesos dejados de aportar por empresarios morosos e incumplidores. Si en todos estos años el Instituto fue incapaz de cobrarlos, no hay ninguna razón por pensar que ahora estará en capacidad de hacerlo, cuando además el gobierno puede asumir esa gestión con mayor facilidad al disponer de sobrados mecanismos administrativos y legales para ello.
La modificación del proyecto de ley por consiguiente, parte de una base correcta: la cesantía se queda pero el IDSS definitivamente se va. Cuanto antes mejor. Sin velatorio, misa de cuerpo presente, coronas de flores ni discurso de despedida.