Miguel Guerrero.
Al gobierno le faltarán pretextos para justificar su renuencia a atender los reclamos sociales, ahora que la reanudación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la colocación de bonos soberanos en los mercados de capital y el más reciente de los “paquetazos” fiscales, les llenan sus arcas de recursos. Dos hechos, sin embargo, parecen indicar cuán lejos está la intención oficial de prestarle oídos a las demandas que el lunes de la semana pasada condujeron a una paralización casi total de actividades en el país. El primero consistió en un rechazo a los planteamientos de los grupos promotores de la huelga, con una tajante declaración del ministro de Planificación y Desarrollo alegando una insolvencia oficial atribuida a los males de la economía global y no a factores domésticos. Como parecía ya un hecho la reanudación del acuerdo con el FMI, la actitud del gobierno se interpretó como evidencia de su poca disposición a alcanzar compromisos a través del diálogo. La reacción no se dejó esperar con una nueva advertencia de huelga, esta vez probablemente más prolongada. La segunda e igualmente inexplicable respuesta oficial a la huelga, fue el mayor de los aumentos recientes a los precios de los combustibles, apenas cuatro días después, cuando los precios internacionales sugerían una reducción de los mismos. Las autoridades se empecinan en voltear los ojos a la realidad, ignorando las grandes dificultades que sus políticas económicas están produciendo en los grandes segmentos de población y, en especial, en las clases medias. Al país le aguardan días aún más difíciles a menos que no haya un cambio sustancial de política, lo cual no luce probable. El gobierno sólo cree en el espejismo de sus logros virtuales que la gran mayoría padece. Por eso, no se observan señales de un gasto más moderado que ponga fin al dispendio que llevó a esta crisis.