Miguel Guerrero.
El presidente Fernández ha convocado para el próximo jueves, 11 de agosto, al Consejo Nacional de la Magistratura. Ese organismo tiene la facultad de designar los jueces de la Suprema Corte y del nuevo Tribunal Constitucional y conformar el Tribunal Superior Electoral, responsable este último de dirimir los conflictos que resulten de los procesos electorales. La importancia pues de esta convocatoria está fuera de toda duda y de lo que allí se apruebe marcará por años el curso de la vida política nacional y la suerte de la justicia. Si la elección de los miembros de esos tres organismos se hiciera a puertas cerradas, como parece haberse establecido en el reglamento que normará los trabajos del consejo, el país quedaría sumergido en una deprimente, viciada y decepcionante atmósfera, que teñiría de sombras el porvenir de la democracia pulverizando el estado de derecho y llevándose de encuentro el indispensable equilibrio de poder, vital a la supervivencia de nuestras instituciones, tan débiles hoy como en cualquier otro momento de nuestra historia. La elección a puertas cerradas sería el capítulo final de la toma definitiva de todos los poderes del Estado por un grupo político, que ya domina el Congreso y todos los órganos de supervisión y control estatal. De modo que los temores prevalecientes sobre esta convocatoria están justificados y a menos que la sociedad, a través de sus entidades empresariales y civiles, los partidos de oposición, los sindicatos y demás entidades organizadas no se erijan en vigilantes de este proceso, la justicia podría quedar atada a los intereses del sectarismo político predominante. En fuentes judiciales circula la información, por ejemplo, de que un abogado muy ligado políticamente al poder sería el nuevo presidente de la Suprema y que igual suerte se le depara a la Corte Constitucional y al Tribunal Electoral.